Protocolo para reparar a víctimas: responsabilidad asumida, deber cumplido

El lunes se firma en la sede del Defensor del Pueblo un acuerdo que no puede leerse como mera formalidad: Gobierno, Conferencia Episcopal y Defensor rubricarán un protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia cuando la vía judicial ya no procede.

No hablamos de promesas etéreas sino de un procedimiento concreto. La víctima iniciará su solicitud ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia; el caso pasará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que emitirá una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación —simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica— según lo que solicite la propia víctima.

Ese planteamiento tiene una clara novedad institucional: la propuesta del Defensor se trasladará a la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva), que valorará y emitirá informe. Si existe conformidad entre Priva y la persona solicitante, la propuesta será definitiva y la indemnización la asumirá la Iglesia.

Si no hay acuerdo, se activará una Comisión Mixta con participación de asociaciones de víctimas para deliberar y buscar una solución unánime; solo si persiste la disconformidad corresponderá al Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva. Es un circuito pensado para evitar que quienes ya aceptaron dictámenes del Priva reclamen una segunda instancia, y al mismo tiempo para ofrecer una puerta alternativa a quienes no quisieron acudir a la comisión de la Iglesia.

No se inventa: la Iglesia puso en marcha en 2024 el Priva para casos sin recorrido legal por prescripción o fallecimiento del agresor; y en enero se acordó este mecanismo mixto Iglesia-Estado que ahora se concreta en un protocolo cuyo coste, dice el acuerdo, asumirá la propia Iglesia.

Son hechos: la rúbrica prevista a las 11:00 horas contará con la firma del ministro de la Presidencia, el presidente de la Conferencia Episcopal, el presidente de la Confer española de religiosos y el Defensor del Pueblo. No son vanas ceremonias: constituyen el tránsito de una declaración a un procedimiento operable, con responsables y etapas definidas.

Queda, por supuesto, el juicio público y moral sobre la eficacia real de este mecanismo para reparar el daño infligido. Pero en ello la lógica es elemental y patriótica: si hay voluntad de reparar y un proceso con garantías para quien sufrió, la nación avanza en dignidad. Si faltan recursos o consenso real, la letra quedará en papel y las víctimas seguirán esperando. Hoy se firma el protocolo; mañana veremos si la reparación se concreta en hechos y no solo en palabras.