Propofest: la corrupción de lo íntimo que asoma desde hospitales

La escena es de una gravedad intolerable: cuerpos de profesionales de la salud rodeados de fármacos que solo deben existir bajo custodia hospitalaria. El hallazgo del cuerpo del enfermero Eduardo Betancourt, con propofol y fentanilo en su domicilio, revive y agranda una hipótesis que ya venía sacudiendo a la opinión pública argentina desde la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar.

No se trata de rumores en abstracto, sino de sustancias cuya circulación está legalmente restringida a ámbitos clínicos y a personal entrenado. El propofol y el fentanilo no son bebidas festivas ni objetos de juerga: son potentes medicamentos con riesgos letales cuando se usan fuera de la práctica asistencial. Eso es exactamente lo que describen los documentos judiciales citados por la prensa: administración “fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial”.

Las investigaciones apuntan a una vía concreta que desvela el origen del problema: medicamentos que habrían salido de los almacenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. El propio centro confirmó, tras una denuncia interna, que se constató la salida de esas sustancias y que dos empleados —un anestesiólogo, Hernán Boveri, y una residente, Delfina Lanusse— fueron suspendidos y puestos a disposición de la Fiscalía, con prohibición de salida del país.

La gravedad alcanza doble dimensión cuando el uso no autorizado se mezcla con prácticas de mercado y de ocultación. La prensa local difunde audios atribuidos a médicos en los que se habla de fiestas privadas donde se habrían suministrado sedantes para provocar “viajes controlados”; algunas versiones periodísticas mencionan pagos por ese servicio, y se habla incluso de la emisión de certificados médicos falsos para sortear controles antidoping. Son afirmaciones que, por su naturaleza, deben ser cotejadas por la Justicia, pero no pueden ser ignoradas por la sociedad.

Que en ese relato aparezcan dispositivos clínicos —bombas de infusión, catéteres, asistentes designados para vigilar la respiración— no disminuye la atrocidad; la magnifica. Se trata de una perversa mezcla de técnica y abuso: profesionalidad usada para facilitar conductas que, según las investigaciones, habrían derivado en resultados fatales.

Las autoridades del Hospital Italiano dicen haber reforzado medidas para prevenir reincidencias. La llamada al rigor institucional es ineludible: los servicios de salud no pueden transformarse en fuente de suministro ilegal, ni los equipos y fármacos en insumos para aventuras privadas. La confianza pública en los hospitales se sustenta en controles, transparencia y responsabilidad profesional. Cuando esos pilares se quiebran, la seguridad de todos queda comprometida.

La palabra clave ahora es investigación. La Fiscalía y los tribunales deben seguir el cauce procesal con celeridad y escrutinio, porque la sociedad exige esclarecer no solo las muertes, sino las redes, los mecanismos de sustracción y los posibles responsables. Y los gestores sanitarios deben rendir cuentas: reforzar custodia de fármacos, auditar procedimientos y sancionar faltas, todo ello con la transparencia que el caso demanda.

No es tiempo de eufemismos ni de mirar para otro lado. Cuando la trastienda de un hospital se infiltra en la intimidad de fiestas donde se traficó con anestésicos, la herida toca al interés público esencial: la seguridad y la dignidad de la atención sanitaria. Exigir respuestas claras no es denuncia gratuita; es un deber cívico frente a un escándalo que, hasta ahora, suma dos vidas y una investigación judicial abierta.