Prohibir el burka: termómetro de alianzas y vértebra de la política española

En teoría, Junts y el PSOE están distanciados desde la ruptura proclamada por Carles Puigdemont. En la práctica, la Cámara Baja vuelve a demostrar que las relaciones políticas se construyen en los pasillos y en las urnas, a fuerza de acuerdos puntuales: el decreto anticrisis por la guerra de Irán fue una muestra; la prohibición del burka puede ser la siguiente.

El próximo martes el Congreso debatirá y votará la toma en consideración de la proposición de ley registrada por Junts para prohibir el burka en espacios públicos. No es un mero trámite técnico: pedir que se inicie el trámite parlamentario requiere una mayoría simple y abre una vía que, si prospera, someterá a la política española a un nuevo examen de lealtades y contradicciones.

El PSOE, que el pasado febrero votó en contra de la iniciativa de Vox para la misma prohibición, ha optado por una postura distinta frente a la propuesta de Junts: Patxi López aseguró que estudiarán la iniciativa y abrió la opción de debatirla en el seno del partido. Andrea Fernández llegó más lejos y tendió la mano al PP para buscar un acuerdo que materialice la prohibición. Es la imagen de un PSOE pragmático, dispuesto a separar el contenido de la fuente de la propuesta cuando lo considera útil.

Pero el debate no es solo binario. La propia naturaleza de la ley registrada por Junts complica la ecuación: un único artículo para hacerla más aceptable, sí, pero acompañado de una disposición adicional para delegar en la Generalitat competencias en materia de seguridad e identificación de personas. Ese guiño competencial puede convertir la iniciativa en objeto de rechazo incluso entre quienes comparten el fondo de la medida. PP y Vox, que apoyaron la proposición de Vox en su momento, podrían ver esa delegación como un caballo de Troya y votar en contra.

La izquierda parlamentaria también tiene voz y memoria. Ione Belarra cargó con dureza contra Junts cuando éstos votaron en contra de la propuesta de Vox y llegó a afirmar que "creo que a Junts le da vergüenza apoyar a Vox, aunque le gustaría. Lamentablemente, se parecen mucho las propuestas que hacen. En racismo se parecen extremadamente a la ultraderecha de Vox". Ese rechazo no tiene por qué ser determinante en la toma en consideración —la mayoría simple podría lograrse sin Podemos— pero sí será capital si la ley avanza hasta convertirse en una modificación de ley orgánica, donde hará falta mayoría absoluta.

Ante ese escenario, los cálculos son evidentes: si el PSOE acompaña a Junts en la toma en consideración, la proposición sólo necesitaría sumar al PP para completar el cupo; si no hay músculo entre los socios de investidura de izquierdas, Junts podría mirar a la derecha, aunque Vox parece poco dispuesto a rescatar una iniciativa que previamente rechazó cuando provenía de ese mismo partido.

Desde Junts minimizan la tensión: dicen que la disposición adicional es una práctica habitual en sus normas, y que su objetivo es, como mínimo, que se debata. Pero las mismas voces dejan entrever la flexibilidad táctica: aquella disposición podría caer durante la tramitación para allanar la aprobación. Es la dinámica clásica de la política española: ambición normativa cruzada con cálculo de mayorías.

El martes se vota la admisión a trámite. Lo que venga después es una partida de ajedrez donde las piezas se mueven según intereses, sensibilidades y capacidad de renuncia. Prohibir o no prohibir el burka no es sólo una cuestión de seguridad pública o de derechos: es también un indicador fiable de la salud de los pactos, de la disposición de los partidos a ceder competencias y de la profundidad del desencuentro entre las familias políticas. Y en ese termómetro, cada voto tendrá su temperatura.