Prohibir al patriarca en el Santo Sepulcro: error intolerable que hiere la libertad religiosa

La imagen es de una contundencia que no admite matices: en Domingo de Ramos, cuando millones de fieles miran a Jerusalén, la policía israelí impidió al patriarca latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, acceder a la Iglesia del Santo Sepulcro. El propio patriarcado denuncia que, «la primera vez en siglos», un patriarca latino ha sido forzado a abandonar ese recinto sagrado con el reverendo Francesco Ielpo.

La explicación oficial apela a la seguridad. El primer ministro Benjamin Netanyahu justificó la medida señalando que existe un riesgo por ataques recientes perpetrados por Irán, y dijo que se había pedido a los fieles de todas las confesiones que se abstuvieran de acudir a la Ciudad Vieja. Añadió que se trabaja ya en un plan para permitir oficios en días próximos y que el cardenal tendrá «acceso pleno e inmediato». La policía, por su parte, afirmó que los lugares sagrados habían estado cerrados desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

Pero la decisión, aunque fundada en el temor a la violencia, no ha pasado desapercibida ni ha quedado sin reproches. El patriarcado califica la medida de «grave e irrazonable», y advierte que contradice principios elementales: la libertad de culto, el respeto al Status Quo y la mínima consideración hacia miles de millones de creyentes en el mundo. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, la tildó de «ofensa» para quienes respetan la libertad religiosa; el presidente francés, Emmanuel Macron, la condenó y habló del «preocupante aumento de las violaciones del estatus de los Lugares Santos». El ministro italiano Antonio Tajani trasladó su malestar convocando al embajador israelí en Roma. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, la describió como un «exceso desafortunado» y difícil de justificar.

No se trata sólo de protocolos o de un episodio aislado: bloquear el acceso del líder católico al punto central de la Semana Santa enraíza una fractura simbólica. El patriarcado sostiene que cumplió con las restricciones impuestas y actuó con responsabilidad desde el inicio de la guerra; sin embargo, la medida del domingo se percibe como «evidentemente terrible y gravemente desproporcionada». Cuando la seguridad se impone sin claridad ni comunicación efectiva, la reacción internacional y eclesiástica era previsible.

El estado tiene la obligación primordial de proteger a sus ciudadanos y a los lugares sagrados; pero esa obligación no puede transformarse en un gesto que, aun cuando nazca del miedo a los misiles, desplace el respeto por la libertad de culto y el equilibrio del Status Quo. Resulta imprescindible que las autoridades israelíes cumplan con lo anunciado: restablecer el acceso, explicar con transparencia los criterios que llevaron a la prohibición y garantizar que episodios así no sienten precedentes que erosione la confianza global en la tutela de los Lugares Santos.

Jerusalén es patrimonio de las conciencias; su sacralidad trasciende fronteras y rebrota en la Semana Santa. Protegerla exige prudencia, pero también sensibilidad. Sólo así se evitará que una medida de seguridad se convierta en ofensa colectiva y en agravante de una tensión que ya es demasiado alta.