Prioridad nacional: la fórmula legal que oculta una prioridad real

La política conoce dos artes: la expresión solemne y la ingeniería legal. En Aragón y Extremadura se ha practicado ambas. Lo que Vox reclamó como bandera —priorizar a los españoles frente a inmigrantes en ayudas y servicios— ha sido convertido, en los pactos autonómicos con el PP, en una redacción distinta pero convergente: “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional” con la salvedad de que la asignación deberá regirse por quien mantenga “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Así reza la literalidad común de los documentos.

La gramática del texto es clara y deliberada: se dibuja la prioridad sin pronunciar la palabra prohibida por la Constitución y el Derecho europeo: la nacionalidad. No aparece el lugar de nacimiento ni la nacionalidad entre los baremos recogidos. Aparecen, en cambio, criterios con evidente efecto práctico: años de empadronamiento, vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa; trayectoria de cotización y contribución al sistema. Son parámetros neutros en apariencia, técnicos en su fórmula, pero cargados de consecuencias materiales.

¿Discriminación abierta o discriminación por vía indirecta? Legalmente, PP y Vox evitan el choque directo con la Constitución y la normativa europea al excluir expresamente el baremo por origen. Políticamente, sin embargo, construyen un mecanismo que, por su propia lógica, tenderá a premiar a quienes hayan vivido más tiempo en la comunidad, hayan trabajado más años, tenggan parientes en el territorio o hayan estudiado allí. Y, como el propio análisis de los pactos reconoce, es más probable que en muchos casos esos requisitos beneficien a ciudadanos españoles frente a inmigrantes en situación regular, por los distintos itinerarios vitales.

La paradoja es notoria: cumplir la proclama verbal de “prioridad nacional” sin nombrarla puede conseguir el mismo resultado que proclamarla abiertamente. Voces del PP, como la de Jorge Azcón, aseguran que la compatibilidad con la legalidad está garantizada; Vox exhibe el gesto combativo con declaraciones públicas —como la del portavoz extremeño Óscar Fernández Calle— y los negociadores nacionales sintetizan en redes a qué se otorgarán puntos. Queda abierta, además, la puerta a que en el futuro normas concretas introduzcan nuevos baremos; ahí sí podría surgir el choque legal que los populares niegan hoy.

Un matiz decisivo: la exclusión explícita de personas en situación irregular. Los pactos diferencian entre residentes con papeles —a quienes se aplican esos baremos— y quienes carecen de documentación, que quedan fuera de las prestaciones y servicios sociales estructurales. La regularización aprobada por el Gobierno central cambia el estatus de muchos, pero la oposición de PP y Vox a ese proceso añade otra capa política al debate.

La lección política es simple y severa: cuando se construye una norma con lenguaje técnico y cláusulas de arraigo, se está tallando, con bisturí fino, una preferencia social que puede replicar la prioridad que evita proclamar. Es la vieja táctica de quien no quiere enmendar la apariencia y, sin embargo, persigue el fin en la práctica. El ciudadano debe leer los pactos con atención: no solo lo que dicen, sino cómo lo traducirán en ordenanzas, baremos y aplicaciones administrativas. Ahí se decidirá, en términos concretos, quién resulta preferido y quién queda relegado.