Prioridad nacional: firmeza y controversia en el pulso por Aragón

Jorge Azcón ha trazado en su discurso de investidura la columna vertebral de la próxima legislatura: un acuerdo con Vox que, según él, asegura la estabilidad y la ejecución anual de unos presupuestos que, promete, permitirán impulsar proyectos estratégicos y mantener los servicios esenciales.

La pieza central de ese acuerdo es la denominada prioridad nacional. Azcón la ha defendido sin matices como una norma «fácil de entender» cuya finalidad es asignar recursos públicos a quienes acrediten un arraigo "real, duradero y verificable" en el territorio. Insiste en que su aplicación estará dentro de la "legalidad" y que no privará a nadie de atención sanitaria y social básica.

No es un guiño retórico: el presidente ha precisado que la medida incluirá baremos de acceso a ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren arraigo territorial y aportación al sistema, "sea cual sea su nacionalidad". Ha vinculado esos requisitos a prácticas administrativas que, dice, existen en España desde los tiempos de Felipe González y que también se aplican en regiones gobernadas por el PSOE.

Azcón ha presentado la prioridad nacional como doble herramienta: ordenar y legalizar la llegada de personas que quieran contribuir con su trabajo y, a la vez, combatir la inmigración ilegal y quienes se aprovechan de ella. Esa doble vertiente es central para su defensa pública del pacto firmado con Vox hace menos de una semana.

En paralelo, el presidente ha elevado la aprobación garantizada de los cuatro presupuestos de la legislatura a prueba de estabilidad: no sólo como cifra macroeconómica, sino como combustible para proyectos y para el funcionamiento normal de los servicios más elementales. Esa promesa presupuestaria se contrapone, en su relato, con el bloqueo que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de priorizar intereses personales sobre el bien común.

El tono de reproche se ha extendido hasta el ámbito cultural y judicial. Azcón ha cargado contra la gestión ministerial en el caso de las pinturas de Sijena, criticando la postura del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y subrayando que las sentencias que acreditan la propiedad aragonesa y la obligatoriedad del traslado existen. Ha afirmado además que su Ejecutivo no cejará en exigir la devolución íntegra de las obras y se prepara para ejecutar el traslado si el MNAC no lo efectúa, conforme a lo que le faculta el juez.

Pese a la firmeza del discurso, la reacción en el hemiciclo fue desigual: los aplausos llegaron desde el propio PP, mientras que los miembros de Vox no mostraron gestos de aprobación. Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, sí aplaudió y valoró positivamente la intervención, aunque el partido aún no ha confirmado los nombres de quienes ocuparán las tres consejerías acordadas ni si Nolasco asumirá la vicepresidencia.

Azcón cerró su intervención denunciando la reforma del modelo de financiación y reprochando que la realidad de Aragón queda condicionada por decisiones nacionales que, a su juicio, tensan la convivencia entre territorios. Su discurso pretende ser, en esencia, un manifiesto de gobernabilidad: prioridad nacional, control de la inmigración irregular, presupuesto asegurado y defensa de los intereses aragoneses frente al Ejecutivo central. Queda por ver cómo se traducirán en hechos las promesas formuladas hoy y cómo responderán los distintos actores políticos y sociales ante su aplicación.