Prioridad nacional: cuándo elegirán los dirigentes entre igualdad y retroceso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una advertencia que no admite medias tintas: cuando en acuerdos de gobierno se proclama la «prioridad nacional», se está señalando, de hecho, a ciudadanos de primera y de segunda clase. No es una metáfora hueca; son palabras pronunciadas en Nicosia sobre pactos concretos para gobernar en Extremadura y Aragón.

Hablar de prioridad nacional no es hablar de burocracia administrativa: es trazar una frontera entre quienes cuentan y quienes quedan a merced de la arbitrariedad. Sánchez ha recordado que los acuerdos entre PP y Vox «abren la puerta» a discriminaciones que, por ahora, afectan a inmigrantes pero que podrían extenderse a asociaciones y colectivos —religiosos, feministas, defensores de la diversidad— que prestan servicios sociales que el Estado no alcanza a cubrir.

Es preciso subrayarlo: el presidente no formula una impresión imprecisa, sino una alerta fundada en el contenido político de esos pactos. Y su respuesta es igualmente clara: el Ejecutivo estará atento y actuará «con la fuerza de la ley» y «con total contundencia» si alguna norma vulnera los principios de igualdad que deben regir en España.

Que tras meses de negociación lo que se ofrezca a Extremadura y Aragón sea, según Sánchez, «un proyecto de involución y de reacción» es una acusación severa. No se trata de un reproche retórico, sino de una valoración política que enlaza la protección de derechos con la prosperidad y la cohesión social: «España avanza cuando mira hacia adelante, no hacia atrás», ha dicho, recordando que reconocer derechos es impulsar desarrollo y cohesión, y no recortar libertades en nombre de un supuesto riesgo inexistente.

Frente a esa deriva anunciada, la postura del Gobierno no promete tibiéz: vigilancia jurídica y, llegado el caso, intervención firme para defender la igualdad fundamental entre quienes habitan este país. La pregunta retórica queda en el aire como en los mejores discursos de advertencia: ¿será la política capaz de elegir la senda de la democracia igualitaria o seguirá abonando atajos que distinguen entre ciudadanos según cabales políticos y identidades señaladas?

El debate no es abstracto. Está caminado en gobiernos autonómicos concretos, en acuerdos rubricados por fuerzas políticas identificadas, y en la exigencia de que la ley proteja a todos por igual. Que así sea, y que la ley —cuando proceda— actúe sin contemplaciones, esa es la promesa expresada desde la capital chipriota y el desafío que hoy tiene España por delante.