Presupuestos 2026: la promesa que se disuelve en la prórroga

La promesa de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2026 se ha convertido en un eco que se apaga por fases. Lo que fue anuncio rotundo —fechas señaladas, calendarios prometidos— hoy se disuelve en la fórmula imprecisa de “este año”. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dejó atrás el último calendario conocido y limitó el horizonte temporal a una vaga esperanza: “Seguimos trabajando para traer unos Presupuestos Generales del Estado durante este año”. Un ademán retórico que sustituye a compromisos repetidos y fallidos.

No es un tropiezo aislado: ya van, según registro público, al menos cuatro aplazamientos en diez meses. En junio se hablaba de remitir las cuentas antes del 30 de septiembre; en octubre el presidente Sánchez prometió que llegarían “antes de final de año”; al arrancar 2026 Montero anunció el primer trimestre como plazo. Hoy, con el primer trimestre prácticamente concluido, la fecha se difumina y el compromiso se aplaza de nuevo.

La excusa ofrecida por el propio presidente fue la prioridad de “las medidas para paliar los efectos de la guerra”, argumento repetido en rueda de prensa con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Es legítimo atender crisis internacionales; lo que ya es materia de debate público es la concatenación de demoras que dejan al Parlamento sin la propuesta constitucional a tiempo y al Estado funcionando con los Presupuestos aprobados en 2022.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, coincide en la estrategia: aplazó también su presentación, evitando así someter a su proyecto al riesgo de un rechazo inminente. La decisión conjunta de no presentar las cuentas evita la presión de un posible tumbo parlamentario y, de hecho, diluye la necesidad de tomar decisiones que podrían conducir a elecciones anticipadas, según la lógica política previamente expuesta por el propio Sánchez.

Montero ha defendido la prórroga presupuestaria como “plenamente constitucional” y ha recordado que el Gobierno puede seguir adoptando medidas mientras tanto. Es cierto que el Ejecutivo anuncia más actuaciones —por ejemplo, las que se aprobarán en relación con la guerra en Irán— pero la concatenación de aplazamientos plantea preguntas sobre la capacidad de negociación parlamentaria del Gobierno y sobre el sentido de presentar un proyecto de cuentas cuando ya se ha consumido buena parte del ejercicio fiscal.

Fuentes de expertos consultados por la prensa señalan la falta de sentido práctico de presentar unos Presupuestos para un año ya avanzado. La argumentación política —ganar tiempo ante comicios andaluces en junio, evitar someter proyectos a riesgo de rechazo— explica la decisión, pero no elimina la fractura entre promesa y cumplimiento que va acumulando, por cuarta vez en diez meses, un coste de credibilidad.

Queda, pues, una realidad incontestable en el registro público: el calendario de las cuentas se ha movido una y otra vez, el Estado sigue rigiéndose por los Presupuestos de 2022 y la vocación de presentar unas nuevas se reduce ahora a una intención genérica de “este año”. Esa imprecisión exige del Gobierno no sólo explicaciones, sino la reconstrucción de una hoja de ruta clara y verosímil para cumplir con la obligación constitucional de proponer las cuentas al Parlamento.