Pico de donaciones en 2020: ¿coincidencia o cortina de humo?

Victor de Aldama afirmó ante el Tribunal Supremo que entre 2019 y 2020 entregó casi 1,8 millones de euros. Esa declaración arroja una sombra sobre un dato incontestable: en 2020 las donaciones privadas registradas por el PSOE se dispararon hasta 837.506 euros, la cifra más alta desde que Pedro Sánchez es secretario general.

No hablamos de rumores: los registros del Tribunal de Cuentas muestran la progresión nítida. En 2018 las donaciones fueron 158.879 euros; en 2019 subieron a 275.616 euros; y en 2020 se dispararon hasta 837.506 euros. En 2021, tras la salida de José Luis Ábalos del Gobierno, la cifra cayó a 197.829 euros y nunca más volvió a rozar los 300.000 euros anuales.

El intermediario describió una técnica de "pitufeo": varios donantes identificados que harían aportaciones nominales hasta los límites permitidos por la ley (50.000 euros por donante). Si la descripción de Aldama se confirmara en lo esencial, la operativa descrita sería factible bajo la normativa vigente, y la trama —según su propia versión— se quedaba con parte del botín.

Ferraz responde con otra narración de hechos: reconoce el aumento de donaciones en 2020, pero lo atribuye a "una campaña especial con motivo de la pandemia" destinada a proyectos de investigación del COVID-19. El partido afirma que esas donaciones, combinadas con fondos propios, se donaron al Instituto de Salud Carlos III y que hay escritura pública de transferencia desde la cuenta del PSOE. Entonces, dijo el partido, la cifra donada fue un millón de euros.

El PSOE insiste además en que cumplió la Ley de Financiación de Partidos: que ninguna donación superó los límites establecidos y que todas fueron nominales. También subraya que estas aportaciones están auditadas y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.

Precisamente, el propio organismo fiscalizador admite un límite operativo: no dispone de medios para saber si una donación nominal procede, en realidad, de efectivo previamente entregado por un tercero —por ejemplo, por una persona como Koldo— para que el donante ingrese luego esa cantidad desde su cuenta. El Tribunal de Cuentas recuerda que no tiene forma de acceder a una eventual caja B, como ocurrió en otros casos.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE deberá esclarecer si, en la campaña de 2020, hubo actividad de blanqueo o si, tal como sostiene Ferraz, todo fue correcto y transparentado. Los hechos documentados —la declaración de Aldama, el pico de 2020 en las cuentas oficiales y la versión del partido sobre la donación al Instituto Carlos III— confluyen y exigen que se aclare con rigor la cadena de origen de los fondos.

No es retórica: cuando convergen una explicación partidaria plausible, un repunte repentino en las cifras y la afirmación de un intermediario sobre entrega de efectivo, la obligación del Estado de derecho y del control fiscal es actuar con precisión forense. Los ciudadanos merecen, sin aditivos ni cortinas de humo, la verdad que recombine hechos y responsabilidades.