Perú en vilo: lenteza, errores y acusaciones frente a una democracia agotada

La imagen de urnas abiertas y mesas que no pudieron instalarse el mismo día de la elección —15 colegios en Lima Metropolitana— no es una anécdota menor: es el síntoma visible de un sistema que tropezó en la misma jornada en que debía demostrar solvencia. Unas 60.000 personas vieron frustrado su derecho a votar; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decretó una jornada extraordinaria para remediarlo. El remedio, sin embargo, no ha bastado para disipar la sombra de la sospecha.

Con el 93,8% del escrutinio contabilizado, Keiko Fujimori figura como la candidata más votada con un 17%. Ese dato, frío y numérico, no oculta que la verdadera tensión política se concentra en la lucha por la segunda plaza: Roberto Sánchez aparece con un 12% frente al ultraconservador Rafael López Aliaga, separados por apenas unos 15.000 votos, una diferencia que cabe en la palma de la mano y que determina quién acompañará a la candidata de Fuerza Popular en la decisiva segunda vuelta.

Si la contienda se decidiera por recursos administrativos y objeciones técnicas, estaríamos asistiendo ya a un desenlace; pero la realidad es otra: la reforma constitucional de 2024 transformó la votación en varias elecciones a la vez. La cédula, de más de 40 cm, agrupó cinco elecciones distintas y hasta 12 opciones que los electores podían marcar. El resultado fue previsible: conteos más largos, actas observadas, impugnaciones por doquier y mesas exhaustas que cometieron errores por el propio cansancio de la jornada.

No se trata de una dificultad inédita: atrás queda la espera prolongada de 2021, pero ahora la complejidad se ha amplificado. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea no ahorró adjetivos: calificó estos comicios como "las más complejas en la historia reciente" del país. Y los especialistas subrayan lo obvio: una papeleta que es casi un mapa y una nómina presidencial de 35 candidatos dificultan el recuento y multiplican las impugnaciones.

Las consecuencias políticas no han tardado. El JNE anunció que los resultados finales podrían demorarse hasta mediados de mayo; además presentó denuncia ante la Fiscalía por los fallos logísticos que impidieron aperturas de centros de votación, una acción que añade tensión institucional al proceso. La respuesta administrativa también tuvo efecto personal: Piero Corvetto, jefe de la ONPE, presentó su renuncia tras días de críticas públicas.

La reacción política encendió aún más el ambiente. Rafael López Aliaga denunció "un fraude electoral único en el mundo", pidió la anulación de los comicios y convocó a movilizaciones. Acusaciones rotundas que, si se mantienen sin pruebas concluyentes, solo contribuyen a enrarecer y polarizar un clima ya de por sí delicado.

No hay atajos: la lectura de los hechos apunta a una combinación de factores técnicos y normativos que explican la lentitud del escrutinio. Las impugnaciones deben resolverse; las actas observadas, procesarse; y los recuentos, completarse con la transparencia exigible. Lo que está en juego, sin embargo, va más allá del calendario electoral: es la confianza ciudadana en las instituciones que organizan y custodian la voluntad popular.

Perú afronta, por tanto, una prueba de paciencia y de institucionalidad. Que el país decante sus resultados con claridad y celeridad no es un capricho retórico: es un imperativo democrático. La responsabilidad de quienes gestionan el proceso es grande; la del resto, incluidas las fuerzas políticas, es aún mayor si aspiran a preservar la legitimidad de la próxima etapa electoral.