Periciales contra peritos: la defensa de Montoro planta batalla jurídica

El pulso en los despachos judiciales se ha endurecido y los protagonistas saben jugar a la ofensiva. Equipo Económico —la asesoría creada por Cristóbal Montoro y hoy denominada Global Afteli— ha presentado ante el juez Rubén Rus dos dictámenes periciales que disputan la validez de dos informes de los Mossos d’Esquadra y uno de la Agencia Tributaria que hasta ahora han apuntalado la instrucción del denominado ‘caso Montoro’.

Los textos firmados por el abogado Juan Manuel Herrero de Egaña, antiguo alto cargo en gobiernos de varias legislaturas, no son una refutación retórica: acompañan sus conclusiones con más de 3.500 documentos internos del despacho —correos entre miembros y con clientes— que no estaban incorporados al sumario. Ese volumen documental es la baza con la que la defensa pretende abrir un nuevo frente para aspirar al sobreseimiento de una causa en la que figuran imputados el exministro y otras 27 personas.

Las periciales mantienen una tesis tajante y técnica: las acusaciones que contienen los informes policiales y el de Hacienda “carecen de fundamento sólido”, adolecen de “premisas conceptuales incorrectas” y de “interpretaciones erróneas” de la documentación del sumario. En particular, cuestionan la hipótesis de que Equipo Económico ejerciera una influencia sobre el Gobierno del PP a cambio de retribuciones, puesto que, según el perito, “no hay dato ni evidencia de que existiera interlocución entre Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda”.

No es una cuestión menor: el informe de la Agencia Tributaria sobre el que se apoya parte de la investigación señalaba pagos por 35,5 millones de euros recibidos por la asesoría entre 2008 y 2013. La defensa, por su parte, alega que la actividad del despacho fue principalmente de asesoramiento jurídico, elaboración técnica de propuestas normativas y supervisión de trabajos de consultoría, tareas que justificarían las retribuciones percibidas.

El choque es nítido: mientras la Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados delitos que van desde el cohecho hasta la prevaricación y el fraude contra la Administración Pública, la defensa procura desmontar el fundamento técnico de los informes que han guiado las diligencias. Además, insiste en que las reformas legislativas ahora bajo sospecha no han sido impugnadas ni sometidas a cuestionamiento posterior, un detalle que el dictamen pericial subraya como indicio de aceptación de las medidas.

Hasta ahora, las defensas habían desplegado tres líneas distintas para conjurar la causa: impugnar el mantenimiento del secreto del sumario durante siete años, cuestionar la competencia del juez de Tarragona para instruir la causa y buscar la nulidad del correo electrónico hallado en un registro de 2017 en otra causa. Con las nuevas periciales, la estrategia suma una vía técnico-forense que apunta directamente a erosionar la credibilidad de los informes policiales y tributarios sobre los que pivotan muchas diligencias, incluidas las solicitudes de movimientos bancarios de numerosas personas y empresas vinculadas a los investigados.

El proceso no está cerrado y la Audiencia Provincial de Tarragona tiene pendientes numerosos recursos. La presentación de periciales y miles de documentos introduce ahora una disputa que es, en esencia, de interpretación de pruebas y de metodología investigadora: si las valoraciones de los Mossos y de Hacienda resisten el examen crítico del perito de la defensa, la causa puede sufrir un vuelco; si no, la instrucción seguirá ampliando el abanico de diligencias. En cualquier caso, lo que está en juego es la credibilidad de los informes que han marcado el curso de la investigación y, con ello, el futuro procesal de casi treinta imputados, entre ellos un exministro del Gobierno.