Peramato consolida su mando en la Fiscalía y dibuja nueva sintonía

La Fiscalía General del Estado ha vivido este viernes un movimiento que no admite ambigüedades: 17 nombramientos que ratifican la autoridad de Teresa Peramato al frente del ministerio público. No es un gesto trivial. Es la afirmación, en actos y puestos, de quién manda y de con quién quiere trabajar.

Que Peramato haya colocado fiscales de su confianza en puestos centrales es, por sí mismo, la manifestación de una lógica jerárquica elemental: el fiscal general necesita un equipo con el que mantener comunicación fluida, especialmente en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se tramitan asuntos de máxima trascendencia pública y sobre aforados. El nombramiento no es una coreografía, es estrategia institucional.

Pero la actuación no se ha limitado a cerrar filas alrededor de sus colaboradores. El nombramiento incluye también decisiones destinadas a amortiguar fricciones con la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador. Ese intento de equilibrio explica por qué no era viable un consenso pleno: la AF promovía a fiscales muy significados por su vinculación a la causa del procés, como Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que no han obtenido las jefaturas de dos de las cuatro secciones de lo Penal del Supremo a las que aspiraban.

La historia reciente de la instrucción y juicio del procés ilustra el problema: la falta de sintonía entre la fiscal general y los fiscales que intervenían generó disfunciones. La propia exfiscal general María José Segarra, que conserva su puesto como fiscal de sala de personas con discapacidad y mayores, intentó en su momento una calibración de las calificaciones penales que no fructificó. Ese episodio sirve hoy como advertencia: en la Fiscalía, la confianza operativa no es detalle menor, es garantía de coherencia procesal.

Para afianzar su proyecto, Peramato ha recompuesto el organigrama premiando a colaboradores del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuya salida ha liberado puestos aprovechados para introducir a sus propios hombres y mujeres de confianza. Así quedan las tres jefaturas de lo Penal en manos de Ana García León (de la Unión Progresista de Fiscales), de María Farnés (no asociada y hasta ahora fiscal superior de Canarias) y de José Javier Huete (perfil conservador, renovado). El reto de las dos primeras es evidente: deberán demostrar que la falta de experiencia en casación no es un obstáculo para asumir responsabilidades de primer orden.

Además, Peramato ha empezado a completar su núcleo duro en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, nombrando a Julio Cano —hasta enero último fiscal superior en Baleares— para dirigir ese laboratorio operativo del Ministerio Público. Con estas decisiones, la nueva fiscal general no solo ha asentado su autoridad: ha trazado un mapa de confianza y contrapesos que condicionará la dinámica interna de la carrera.

Queda por ver cómo evolucionará la relación con la Asociación de Fiscales y si las designaciones servirán para atenuar tensiones o para cristalizar nuevas líneas de fricción. Lo cierto es que, en una institución donde la sintonía entre cúpula y base condiciona la respuesta ante los asuntos más delicados del país, Peramato ha actuado con resolución. Esa decisión, guste o no, ya ha cambiado el tablero.