Países Bajos dio el portazo al móvil en las aulas: una decisión que interpela a Europa

Hace dos años los Países Bajos trazaron una línea clara: teléfonos, relojes inteligentes y tabletas fuera de las aulas, de los pasillos y de los comedores escolares. No fue una ley inamovible ni un pulso parlamentario; fue un acuerdo nacional —con escuelas, padres y profesores— que impuso el principio práctico: teléfono en la taquilla o en casa.

La medida no nació de la improvisación, sino de una apuesta por la atención y la convivencia. Los testimonios son concretos: profesoras como Ida Peters perciben una mejora tangible en la concentración y en la gestión del aula; alumnos reconocen que, aunque moleste, la presencia digital ha disminuido en los recreos y las interacciones han cambiado. Y los datos avalan esa sensación: de 317 centros consultados, tres cuartas partes señalaron mayor concentración; casi dos tercios, mejor clima social; y alrededor de un tercio, mejor rendimiento académico. También se constata menos acoso escolar cuando los dispositivos se retiran del horario lectivo.

No es una anomalía neerlandesa aislada. La Unesco registra que al menos 114 sistemas educativos —el 58% del mundo— han prohibido teléfonos en las escuelas, entre ellos países tan diversos como Bolivia, Costa Rica, Croacia o Malta. Esa estadística subraya que el problema no es local: la inquietud por la atención en las aulas, el ciberacoso y la influencia de los entornos digitales sobre menores es global.

Y no se queda ahí la ambición pública en Holanda. La coalición que gobierna propone ir más lejos: una edad mínima obligatoria de 15 años para acceder a redes sociales, con verificación de edad, y recomienda que los menores de 15 se mantengan alejados de esas plataformas. El argumento oficial es claro y directo: si los Estados regulan el alcohol o el juego para proteger a los jóvenes, deben también intervenir cuando plataformas diseñadas para generar adicción proliferan en manos de menores.

Hay obstáculos políticos visibles: la coalición gobierna con 66 de 150 escaños y necesitará apoyos para convertir esa ambición en norma vinculante. Pero la cadena de hechos es nítida: una solución pragmática en las aulas derivó en índices de mejora y en impulso gubernamental para regular el acceso juvenil a las redes.

No se trata de una proclama moral sin anclaje, sino de decisiones públicas tomadas y evaluadas. Países Bajos optó por el consenso educativo antes que por la ley corta; constató efectos positivos en la vida escolar y, a la vista de esos resultados y del mapa global, apuesta ahora por medidas que exigen a la Unión Europea fijar límites de edad para aplicaciones como Instagram, TikTok o Snapchat.

Que la discusión avance no debe sorprender: la realidad cotidiana de escuelas, profesores y alumnos ya ha cambiado. Son hechos constatables: carteles en los institutos, alumnos dejando el móvil en la taquilla, profesores relatando menos fricción, estudios con porcentajes de mejora, y una propuesta gubernamental que reclama protección legal para adolescentes frente a redes que los alcanzan antes de tiempo.

Queda por ver si Europa responde. Pero no puede negarse lo obvio: cuando las políticas públicas actúan sobre comportamientos concretos y los resultados aparecen, la política pierde excusas y gana responsabilidad. Ese es el punto que los defensores del interés público deben subrayar: decidir con hechos y proteger a la generación que aprende aún a mirar más allá de una pantalla.