Page lleva a los tribunales la defensa del Tajo-Segura: por la tierra y la ley

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido convertir en acto lo que durante demasiado tiempo fue paciencia: presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la falta de aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

No se trata de una querella retórica ni de un gesto simbólico. El presidente Emiliano García-Page ha denunciado los «reiterados» incumplimientos de sentencias judiciales que acumulan ya más de dos años de retraso. Dos años en que la ley ha quedado, a ojos de la Administración autonómica, sin la ejecución que corresponde. Ese retraso no es un dato menor: es la razón jurídica que motiva la acción en los tribunales.

Page ha ido más allá del reproche político: ha advertido que, ante determinados servicios jurídicos, esta inacción podría llegar a ser considerada «un posible delito ecológico». No es una hipérbole incendiaria; es la constatación de que la omisión prolongada en la aplicación de normas ambientales tiene consecuencias que trascienden la mera gestión administrativa.

Interponer esta demanda, ha dicho el presidente, es "duro". Y el gesto encierra una pregunta punzante, lanzada con la franqueza que exige la defensa del interés regional: ¿cuántos políticos estarían dispuestos a poner por delante los intereses de su tierra y la confianza de sus conciudadanos? Esa interrogación reclama una respuesta práctica: la defensa de recursos y ecosistemas no puede esperar gestos ni vaivenes políticos.

La judicialización del conflicto no es un punto final, sino el paso consecuente cuando la vía administrativa y el cumplimiento de sentencias languidecen. Castilla-La Mancha ha elegido la ley como escudo y arma: acudir a los tribunales para exigir que se apliquen las reglas aprobadas y que la tutela ambiental recupere su primacía frente a la desidia. Lo que está en juego es nítido y sencillo: la observancia de lo decidido por los tribunales y la protección efectiva del territorio y sus aguas.