Ormuz y la diplomacia: España, admitida por Irán en un estrecho en llamas

La noticia es, en apariencia, simple: la embajada de Irán en España ha comunicado en la red social X que considera a España "un país comprometido con el derecho internacional" y que se muestra "receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid" para que barcos con bandera española crucen el Estrecho de Ormuz.

Pero nada en esta crisis es simple. El comunicado diplomático llega sobre un escenario donde Irán envió a la Organización Marítima Internacional una carta en la que advierte que, tras levantar el bloqueo, podrán circular "los buques no hostiles en coordinación con las autoridades iraníes". Es decir: la reapertura del paso no será un gesto genérico, sino un acto condicionado y coordinado por Teherán.

Que España sea, por tanto, incluida entre los países a los que Irán declara receptivos no es un azar retórico; es una constatación de posición internacional. La postura del Gobierno de Sánchez, crítica frente a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel sin amparo de la legalidad internacional, sitúa a España —según la propia nota— entre los países que Irán entiende como no agresores. Esa percepción tiene consecuencias concretas en el terreno: tránsito autorizado, coordinación con autoridades iraníes y, potencialmente, seguridad para nuestras naves.

La magnitud del problema no admite complacencias. Antes del conflicto, por Ormuz pasaban entre 80 y 100 embarcaciones al día; la guerra lo redujo a menos de una decena diaria, según datos citados por Newtral basados en Marine Traffic. Por este estrecho transita aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por mar. El cierre del paso ha disparado el precio del barril y ha convertido la reapertura en la madre del cordero para cualquier equilibro energético y estratégico.

Y mientras se discute el quién y el cómo del control del paso, asoma otra realidad política: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo, advirtiendo que Washington "no olvidará" la actitud de quienes no se sumaron a la misión naval propuesta para controlar Ormuz. Trump calificó a Irán, en un mensaje en redes sociales, de "nación lunática" y denunció que no ha habido la colaboración esperada por parte de las naciones europeas, que descartaron participar en la misión propuesta por Estados Unidos.

De estos hechos hay que extraer conclusiones claras y firmes. La seguridad del paso de Ormuz no es un asunto abstracto; es una cuestión de intereses nacionales y de estabilidad global. Que Irán abra la puerta a la navegación española exige de Madrid una lectura mesurada pero decidida: coordinación diplomática escrupulosa, exigencia de garantías legales y operativas, y coherencia con la defensa del derecho internacional que la propia embajada iraní invoca al justificar su postura.

No hay atajos. Si la normalización del tráfico por Ormuz es la condición necesaria para dar por cerrada esta fase de la crisis, España debe actuar con responsabilidad de Estado: proteger a sus buques, reclamar transparencia en los mecanismos de coordinación y exigir que la reapertura no se convierta en un cheque en blanco. La estabilidad de las rutas energéticas y la seguridad colectiva merecen, en estos momentos, una política exterior a la altura de los hechos.