Orden interno y dignidad en juego: Vox, expediente y disputa pública

Ha bastado una acusación pública para que la dirección de Vox active un mecanismo disciplinario que pretende cerrar filas y restaurar la disciplina interna. Ignacio Garriga, secretario general, ha anunciado la apertura de un expediente contra Juan García‑Gallardo tras unas afirmaciones sobre cobros de la mujer de Santiago Abascal por consultoría a una sociedad en pérdidas. Garriga ha dicho que «seguramente» se expulsará al exvicepresidente de Castilla y León, aunque añadió que la decisión corresponde a un órgano independiente.

El gesto es tajante y no es casual: la dirección exhibe firmeza y reclama reglas del juego claras. Garriga ha acusado a García‑Gallardo de calumnias y de «decir auténticas animaladas», y ha emplazado a la organización a mantener la unidad «al lado de los españoles», pese a lo que denominó intentos «teledirigidos desde Génova». Es una acusación que dibuja un combate no sólo interno, sino con un rival político externo cuya interferencia, según la dirección, estaría orientada a descabalgar al partido.

En la batalla pública se cruzan también exigencias de transparencia. Javier Ortega Smith, aún portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, instó a filtrar el modelo 347; Garriga respondió que no tiene «nada que decir» y defendió que las cuentas de Vox son públicas, están en la web del partido y las tiene el Tribunal de Cuentas, y que esas cuentas habían sido aprobadas recientemente en los órganos del partido donde participó Ortega Smith.

La dirección subraya además que «no hay absolutamente nadie de la cúpula de Vox imputado, ni investigado, ni en ningún proceso judicial». Es un reclamo de normalidad y limpieza frente a las acusaciones internas que, en la versión oficial, no se sostienen en procesos judiciales.

Pero la crisis trasciende lo contable y se transforma en reparto de responsabilidades y en señalamiento de culpables. José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario, ha apuntado a «Génova, no al PP» como origen de las denuncias sobre falta de democracia e irregularidades económicas puestas en boca de exdirigentes del partido. Figaredo afirmó que miembros del núcleo gallego que rodea a Feijóo se han reunido con personas vinculadas a los disidentes, sin precisar nombres ni ofrecer detalles.

En la esfera de las negociaciones autonómicas, Garriga responsabiliza directamente al presidente y al secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, de poner zancadillas en las conversaciones para conformar gobiernos en Castilla y León, Aragón y Extremadura. Aun así, afirmó que Vox conseguirá cambiar políticas «a pesar de los intentos de Feijóo y Tellado» y agradeció la disposición de los equipos regionales del PP.

No hay, pues, calma. Hay un expediente que busca castigar una acusación pública; hay una dirección que reivindica transparencia y limpieza; hay voces que señalan interferencias externas; y hay, sobre el tablero, negociaciones territoriales que añaden presión política. El pulso ha comenzado y la política de pactos en tres comunidades autónomas está ahora entre seducción y sarpullido: el resultado dependerá tanto de la decisión del órgano partidario sobre el expediente como de la capacidad de las partes para contener la oleada pública de reproches.

Sea como fuere, la lección es clara: la cohesión interna y la gestión del conflicto público determinarán si Vox mantiene su relato y su proyecto en puertas de acuerdos que, por su alcance, requieren más orden que ruido.