Operaciones paralelas: la Policía sin control judicial que vigila al poder

La vista oral del caso Kitchen arroja una imagen inquietante: no fue una iniciativa aislada ni un error de procedimiento, sino un despliegue coordinado y paralelo de vigilancias sobre el entorno de Luis Bárcenas que se manejó al margen del control judicial. Cuatro policías, destinados entonces en dos unidades distintas, han relatado ante el tribunal que participaron o coordinaron seguimientos a Rosalía Iglesias. Sus testimonios confirman lo que la Fiscalía Anticorrupción ya sostenía: había operaciones que no se contabilizaron en la instrucción y que no llegaron al juez ni a la Fiscalía encargada del caso Gürtel.

El inspector jefe Gonzalo Fraga, investigador principal de Kitchen, ha subrayado un punto crucial y demoledor: la operación perseguía la sustracción de material comprometedor de altos cargos del PP y carecía de cobertura legal. Ese objetivo —buscar y apropiarse de material que pudiera comprometer— nunca se comunicó a los agentes, a las fiscales ni al juez Pablo Ruz que entonces investigaban a Bárcenas. La frase no es una metáfora: es la constatación de que hubo una actividad policial concebida para operar al margen del cauce instructivo.

El relato del agente 78.793 sitúa el meollo. Ordenado por su jefe, el comisario Enrique García Castaño, a seguir a Rosalía Iglesias en el verano de 2013, justificó la maniobra con la consigna de buscar el “dinero” y los “testaferros” vinculados al extesorero. Más tarde, el propio comisario reconoció ante la instrucción que el verdadero objetivo era averiguar si Bárcenas se había llevado discos duros de la sede del PP con registros de financiación. Vigilaron el domicilio y el estudio de la esposa, accediendo incluso García Castaño al estudio sin orden judicial, según admitió ante el juez instructor Manuel García-Castellón. Vigilancias que no figuran en la investigación formal, pero que tuvieron vida propia y persistente hasta que la vigilancia fue detectada por la vigilada.

No fue una operación de una sola unidad. La UCAO, con efectivos que instalaron además videovigilancia frente al despacho del abogado del extesorero y confeccionaron archivos fotográficos entregados a García Castaño, compartió el terreno con Asuntos Internos. Dos agentes de esa unidad han contado que también estuvieron siguiendo a Rosalía Iglesias en el mismo verano. El comisario Marcelino Martín Blas ordenó a un agente que procediera a una protección clandestina: “no fuéramos detectados”, dijo. Protección o vigilancia encubierta; el testimonio lo deja en la cuerda floja: si nadie recibió información sobre un supuesto peligro, ¿qué sentido tenía la operación protectora a distancia? El relato de que ambas unidades llegaron a cruzarse en la calle añade la escena de una Policía dividida internamente y actuando sin coordinación judicial.

Del relato emerge una figura central, la del comisario García Castaño, cuyo papel señala la Fiscalía y para quien se solicitó una pena acusatoria severa. Él, según los testimonios, monopolizaba la información recabada y la dirigía a un fin que no constó en la instrucción. El inspector Fraga lo resume: ese material no llegó a los agentes ni al juez que investigaban Gürtel; tampoco a la Fiscalía. El vacío de trazabilidad es incontrovertible y plantea, en los hechos contados en sede judicial, la existencia de un circuito paralelo de inteligencia interior.

No cabe embellecer lo descrito: cuando fuerzas del Estado actúan sin control judicial, cuando archivos y vigilancias se custodian fuera del cauce procesal, la democracia pierde un instrumento esencial de garantía. El proceso judicial está ahora poniendo nombres y ordenes sobre la mesa, y la ciudadanía asiste, por fin, a esa palabra dura: hubo operaciones paralelas, hubo seguimientos que nunca se informaron al juez. Que los hechos sean materia de juicio no transforma su gravedad; la convierte en cuestión de responsabilidad y en reclamo de claridad y reparación institucional.

El veredicto y las consecuencias penales que dicte el tribunal deberán medirse con la máxima transparencia. Pero, antes incluso de las sentencias, el pulso democrático exige respuestas: explicar por qué se habilitó un circuito distinto, por qué material supuestamente relevante para una instrucción pudo ser objeto de maniobras fuera de la ley, y cómo se restituyen las garantías vulneradas. La democracia no se defiende con secretos, sino con procedimientos que todos los ciudadanos pueden ver y controlar.