Operación sin tutor judicial: la UDEF señala la existencia de una red paralela sobre Bárcenas

Cuando la policía se mueve sin el aval del juez, la confianza del Estado se resquebraja. Eso es, en términos estrictos y comprobados, lo que declaró Manuel Morocho, inspector jefe de la Udef, ante la Audiencia Nacional: en agosto de 2015 recibió una cesión de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) con "una serie de personas, teléfonos, personas relacionadas, vehículos, lugares, sociedades" relacionadas con Luis Bárcenas y su entorno.

Morocho no habló en conjeturas; narró hechos. Explicó que, al abrir ese correo interno, lo que obtuvo fue "la corroboración de que había una operación policial sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno". No es una metáfora: son palabras textuales del responsable encargado de investigar la Gürtel, vertidas en sede judicial en el marco del juicio del caso Kitchen.

La secuencia documental que relató el inspector encaja en el calendario procesal: el correo provenía de un parte introducido en el sistema en mayo de 2013 por Andrés Gómez Gordo y llegó a Morocho en agosto de 2015, cuando ya se había dictado procedimiento abreviado sobre la pieza separada de los papeles de Bárcenas y con posterioridad al inicio del juicio oral contra el extesorero.

Morocho empleó expresiones administrativas y técnicas: habló de "investigación paralela" y de una metodología de conexidad entre investigaciones secretas que, según él, no se cumplió. Añadió que, tras recibir la comunicación interna, ningún responsable policial le amplió la información; cuando mostró el correo a su jefe de sección, este "se calló, se dio la vuelta y salió del despacho". Son gestos y documentos que, según el testigo, apuntan a una operativa fuera del cauce judicial.

No todo fue acusatorio: Morocho puntualizó ante el fiscal que la información que recibió no cambiaba la sustancia de su investigación, pues las personas aludidas ya figuraban en autos judiciales. Asimismo negó conocer la captación del chófer de Bárcenas como confidente y dejó claro que no consideró necesarias las vigilancias a Rosalía Iglesias en su propia investigación ni las propuso al magistrado instructor.

Por último, el inspector describió tensiones internas: referidas a Andrés Gómez Gordo, dijo que al llegar como jefe de la unidad de seguimientos intentó situar a "una persona de confianza de su grupo", intento que Morocho rechazó; que aquel criticó informes de su unidad y que evitaba la relación directa con él.

Estos hechos declarados en sede judicial tienen una virtud inapelable: son testimonios que obligan a preguntas sencillas. ¿Cómo y por qué se generó y circuló aquel parte? ¿Qué responsabilidad se deriva de una operación que, en criterio del inspector que investigaba la Gürtel, se desarrolló sin autorización judicial? La respuesta, no obstante, no es retórica: corresponde al tribunal, a la investigación y a quienes detentan la responsabilidad institucional aclararla.