Opacidad decretada: el Gobierno refugia en un decreto la falta de respuestas sobre Plus Ultra

El Ejecutivo ha optado por blindarse tras un papel: el artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020. Con esa referencia normativa —dictada en la emergencia de la pandemia— el Gobierno rechaza aclarar al Partido Popular preguntas concretas sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra y sobre las presuntas intervenciones de terceros en aquel proceso.

El PP reclamó explicaciones tras las declaraciones de Víctor de Aldama, acusado en la causa de las mascarillas, que apuntó a un papel de José Luis Rodríguez Zapatero en gestiones ante el entonces ministro José Luis Ábalos. Según la versión aportada por los populares, a raíz de aquel encuentro Ábalos llamó al presidente Pedro Sánchez y, en esa cadena de sucesos, se encargó un informe técnico que habría resultado negativo y que, pese a ello, se habría terminado con un segundo informe favorable para justificar el rescate.

Las preguntas remitidas por el PP pedían datos precisos: la fecha del encuentro entre Zapatero y Ábalos; las llamadas entre Ábalos y Sánchez; cuándo Sánchez trasladó su acuerdo con el rescate a Zapatero; por qué se emitió un segundo informe que contradijera al primero; y si el Gobierno piensa entregar el informe técnico previo que valoró de forma negativa la idoneidad del rescate. También preguntaron por las comprobaciones realizadas sobre la compañía y por indagaciones sobre un posible uso indebido del dinero público.

La respuesta oficial no contestó a esas peticiones. El Ejecutivo se limitó a aplicar el real decreto aprobado en la pandemia, que establece que "los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI... tendrán carácter reservado" y no podrán divulgarse salvo excepciones legales. El escrito añade que auditores, asesores y expertos designados por esos órganos están igualmente obligados al secreto. A las cuestiones sobre la intervención de terceras personas, la contestación gubernamental fue tajante y breve: "no son ciertas".

Desde el PP replican que la norma invocada protege, en efecto, determinadas operaciones realizadas en la pandemia—planes estratégicos y otra información empresarial sensible—pero no puede servir de parapeto para ocultar actuaciones que, según los populares, deberían ser públicas, como los informes que justificaron un rescate abonado con dinero de los españoles o las supuestas reuniones y gestiones de ex dirigentes políticos.

El caso mantiene además otros hechos relevantes consignados en la noticia: la Fiscalía Anticorrupción entiende que existen indicios por un posible uso indebido de los 53 millones y, en ese marco, la detención del presidente y consejero delegado de Plus Ultra ha llegado a producirse. Esos episodios figuran en la trama de hechos que ha motivado las preguntas parlamentarias y la insistencia del PP en obtener aclaraciones.

La decisión gubernamental de no facilitar las respuestas reclamadas levanta una pregunta de fondo: ¿la invocación de una norma de excepción para proteger datos empresariales puede erigirse en cortina de humo frente al escrutinio de actuaciones públicas que afectan a fondos públicos? El Ejecutivo se acoge a una reserva legal; la oposición pide transparencia. Entre ambas posiciones, la ciudadanía espera que los hechos —y no únicamente las referencias normativas— aporten luz sobre decisiones que terminaron vinculando recursos públicos, una aerolínea y sospechas que ya están en manos de la Fiscalía.