Nos traen lo que nadie quiere: Canarias y la llegada del MV Hondius

Hay lugares que parecen reservorios de las decisiones ajenas: el puerto de Granadilla de Abona se yergue hoy como uno de ellos, un muelle kilométrico a medio hacer, inaugurado en 2018 por Mariano Rajoy, que ahora espera la llegada del MV Hondius, un crucero holandés con 147 pasajeros y el hantavirus que ha matado a tres personas e infectado a otras siete.

El panorama descrito por quienes viven y trabajan allí no admite edulcorantes. Tres estibadores, con esa mueca canaria entre ironía y rabia, lo resumieron sin florituras: «Somos la última mierda, nos mandan lo que nadie quiere». No son palabras al viento: son el espejo de un sentimiento acumulado, de quien carga chatarra a sol y sombra junto a mastodontes marinos —el Lonneberg, el Pacific Prospect con palas de molinos de cien metros— y observa que, cuando su puerto sirve, parece servir ante todo para lo que otros rehúsan.

La polémica no es sólo emocional; es logística y política. Vecinos y trabajadores se preguntan cómo se gestionará el traslado de los pasajeros a sus países, quién limpiará el barco, si se convertirá en chatarra en la costa o si quienes intervengan luego circularán por el entorno. Son preguntas concretas que, por ahora, reclaman respuestas precisas y coordinación explícita entre administraciones.

También hay memoria: el puerto, pagado mayoritariamente con fondos Feder —según fuentes del propio relato, al 85%— funciona por debajo de su capacidad y dejó tras de sí la pérdida de un paraje donde había un sebadal de tortugas. Antes de su construcción incluso Greenpeace y el Rainbow Warrior protestaron en la zona. Esas imágenes alimentan hoy la sensación de agravio: que a Canarias se le utiliza, que a Canarias «le traen» lo que otros no quieren acoger.

La llegada del MV Hondius vuelve además a activar fantasmas recientes. En el taxi, en la calle, en la dársena, se repite la comparación con los comienzos de la pandemia: «Que lo del Covid en España empezó con dos alemanes en La Gomera», recuerda un vecino, y la inquietud se mezcla con la rotunda constatación de que el turismo —el motor económico que todo lo sostiene— teme sufrir un golpe de confianza que nadie desea afrontar.

Hay en todo esto una acusación implícita de ninguneo: el Gobierno canario, según voces del lugar, fue informado sin demasiada ceremonia —«como decirlo por WhatsApp», dicen— y el presidente insular no habría sido consultado. Ese margen de decisión desde fuera, sin conexión con la vida diaria de quienes habitan el entorno, alimenta la indignación y la sensación de que Canarias vuelve a ostentar el papel de “patito feo” al que se deriva lo indeseado.

No es momento de eslóganes. Es momento de respuestas: transparencia sobre protocolos, garantías para la población que vive del turismo, cuidado del medio ambiente y una coordinación clara entre administraciones. Mientras tanto, los estibadores, los taxistas y los vecinos seguirán con su mirada vigilante y con la pregunta en la garganta: ¿por qué siempre nos toca a nosotros?