Nombramientos que huelen a obediencia: la Fiscalía en jaque

La Fiscalía, pieza cardinal del Estado de derecho, atraviesa un momento de convulsión que no admite eufemismos. La decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no revalidar a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid, mientras asciende a Pilar Rodríguez al Tribunal Supremo, ha encendido las alarmas políticas y profesionales.

El Partido Popular no lo considera un desajuste administrativo ni un vaivén habitual de la carrera fiscal: habla, con razón y contundencia, de una política de nombramientos en la que "la neutralidad y el mérito son desplazados por la fidelidad orgánica". Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, exige la comparecencia urgente de Peramato en la Comisión de Justicia del Congreso para que explique estos movimientos.

No se trata solo de dos decisiones puntuales. Para Génova, la sustitución de Lastra y el ascenso de Pilar Rodríguez —la fiscal jefe provincial de Madrid que proporcionó los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso a Álvaro García Ortiz— responden a una "hoja de ruta continuista con su predecesor" y buscan "consolidar un modelo de control político" que prima la afinidad con el Gobierno sobre el mérito, la capacidad y la trayectoria profesional.

La crítica popular es directa y afilada: nombrar, premiar o marginar atendiendo más a la cercanía personal o ideológica que al escalafón y al currículum fomenta la fractura interna y la desafección en la carrera fiscal. Señalan, además, el caso de Pilar Fernández Pérez —esposa de García Ortiz—, promovida a teniente de la Fiscalía Superior de Galicia siendo, según indican las fuentes del partido, la penúltima en el escalafón entre ocho candidatos y con más de 800 puestos por detrás del primero.

La consecuencia política es nítida: decisiones que, lejos de cerrar la crisis creada por el condenado García Ortiz, la agrandan y ahondan la desconfianza ciudadana hacia la institución. Cuando los criterios de ascenso parecen coincidir con la proximidad personal o la afinidad ideológica, la independencia se resiente. "Ignorar el escalafón" o sustituir a buenos profesionales desarma la credibilidad de la Fiscalía en un momento especialmente delicado, advierte el PP.

Ante esto, la reclamación es clara y categórica: que la fiscal general dé cuentas en sede parlamentaria. No es un trámite de rutina; es una exigencia democrática para impedir que la administración de justicia se perciba como instrumento de intereses: entre perseguir delitos o apoyar al condenado, el PP denuncia que se ha optado por lo segundo. España merece una Fiscalía fuerte, creíble y ajena a cualquier injerencia política, y esa es, según Cuca Gamarra, parte de la regeneración que propone el Partido Popular.