No son alumnado de segunda: Andalucía ante la prueba de la inclusión

«Nos tienen que escuchar, nos deben escuchar», clama María Muñoz, portavoz de una plataforma autonómica que agrupa a familias de menores con necesidades especiales. Esa exigencia, sencilla y moral, debería bastar para que cualquier gobernante de buena fe se pusiera en pie. Y sin embargo, lo que encuentra es el eco de la apatía: escritos sin respuesta, reuniones que no fructifican y, según denuncian, comentarios que humillan.

Las familias andaluzas han llevado su protesta provincial hasta Sevilla, convocando una concentración frente al Palacio de San Telmo a las puertas de la campaña electoral. No piden favores; reclaman el cumplimiento de derechos reconocidos por la Ley: especialistas suficientes —maestros de pedagogía terapéutica, técnicos de integración social y especialistas en audición y lenguaje—, estabilidad en sus puestos, formación para el profesorado ordinario, ratios máximas claras y aulas adecuadas para quienes las necesitan.

Lo que hoy es reclamación es, para muchos, acumulación de años de espera. «No son alumnado de segunda», afirma con rotundidad Alicia Domínguez, coordinadora en Sevilla. Y añade una precisión que no admite eufemismos: la inclusión que figura en folletos y discursos no basta. La palabra inclusión debe traducirse en hechos y recursos tangibles, no en estéticas palabras de campaña.

El agravio se materializa en historias concretas. Familias que han debido cambiar a sus hijos de centro en busca de adaptaciones reales; colegios que, aun contando con un aula, tardan años en conseguir la segunda que requieren; peticiones institucionales que se topan con el silencio de la Delegación y la Consejería. Cuando la administración responde con desdén —véase la anécdota del delegado que cuestionó la necesidad de apoyo para un niño con autismo—, la indignación deja de ser abstracta y se hace urgente.

Los partidos han colocado la atención a la diversidad en sus programas en la campaña: compromisos de incremento de inversión y contratación de especialistas, promesas de acabar con externalizaciones en algunos casos, proposiciones de ratios concretas en otros. Pero las familias recuerdan, con razón, que esas promesas ya las han oído antes. Lo que reclaman ahora es que la letra se convierta en obra: que la hoja de ruta acordada por fuerzas con representación parlamentaria deje de estar «en blanco» y empiece a materializar plazas, profesionales y aulas.

No es una pelea de intereses: es una pelea por la dignidad y el futuro de menores vulnerables del sistema educativo. El derecho a una educación inclusiva y de calidad no admite dilaciones ni excusas administrativas. Andalucía tiene ante sí una prueba de responsabilidad: escuchar sin excusas, dotar sin demoras y hacer de la inclusión una política con recursos y con fecha de cumplimiento. Las familias han salido a la calle; corresponde ahora a las instituciones pasar de la foto electoral a la gestión efectiva.