No ser cómplices: España ante la amenaza de Trump

La declaración de Pedro Sánchez en La Moncloa tiene la firmeza de quien pretende no repetir errores del pasado. “La posición de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”, dijo el presidente del Gobierno ante la amenaza pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar relaciones comerciales si España no cedía sus bases militares para operaciones contra Irán.

No es una frase grandilocuente arrojada al viento; es la traducción práctica de una decisión concreta: la orden del Ejecutivo de no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para las operaciones contra Irán. Una decisión que llevó al Pentágono a retirar una decena de aviones cisterna KC-135 desplegados en esas instalaciones, según confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hechos, no retórica.

Sánchez invocó la experiencia previa: la invasión de Irak en 2003. Rememoró cómo aquella intervención —vinculada entonces al Gobierno de José María Aznar y al llamado “trío de las Azores”— dejó un saldo de mayor inseguridad, aumento del terrorismo y graves consecuencias migratorias y económicas. Con esa referencia, el presidente articuló su rechazo: no a la quiebra del derecho internacional; no a resolver conflictos con bombas.

La respuesta norteamericana no se hizo esperar y fue explícita. Desde la Oficina Oval, Donald Trump calificó a España de “terrible” y amenazó con suspender el comercio con el país, además de aludir a discrepancias sobre el gasto en defensa entre europeos. Amenazas: otra forma de presión que busca doblegar voluntades. La réplica de Sánchez fue clara y rotunda: no serán cómplices de algo que consideran “malo para el mundo” por temor a represalias.

El presidente recordó asimismo que los acuerdos comerciales entre España y EE. UU. se encuadran en el marco de la Unión Europea y, por tanto, cualquier modificación tendría que negociarse por esa vía. Y puntualizó que condenar al régimen iraní no equivale a avalar una acción militar sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU ni sin la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Lo ocurrido exhibe una tensión nítida: la presión exterior frente a la soberanía y la interpretación del derecho internacional. España ha trazado este límite con voz alta y gesto decidido. Que no se interprete como pasividad: es una decisión consciente, fundada en lecciones del pasado y en el imperativo de preservar la legalidad internacional y la paz.

Quedan, por supuesto, consecuencias prácticas y diplomáticas que se dirimirán en los próximos pasos de Washington, Bruselas y Madrid. Pero la salvedad de Sánchez es hoy lo que marca la línea: ni las bases ni la pasividad. España ha dicho no a participar en este episodio militar; lo ha hecho citando la historia y sujetando la retórica con hechos. Eso define su postura y su compromiso con una legalidad que, según el Gobierno, protege a todos.