No puede financiarse la reivindicación de terroristas en nombre de la cultura

Ha llegado un momento en que las condenas de plaza pierden todo sentido si no van acompañadas de medidas. La Fundación Fernando Buesa y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo han pedido que las instituciones retiren las ayudas y subvenciones a la Korrika después de que en su 24ª edición se detectara la exhibición de hasta 38 etarras. No es una anécdota: según las denuncias públicas, AEK jaleó a presos de ETA y varios tramos de la carrera están dedicados a reivindicar sus figuras.

Esta Korrika, organizada por AEK y celebrada durante once días por Navarra y el País Vasco, no es una marcha cualquiera: instituciones del más alto rango han participado comprando kilómetros. El Gobierno y el Parlamento Vasco, las tres Diputaciones Forales, el Gobierno y el Parlamento de Navarra y hasta 394 ayuntamientos han financiado con recursos públicos una iniciativa que ahora se ve salpicada por mensajes que muchas víctimas y ciudadanos consideran inaceptables.

La presencia institucional se materializa también en gestos: el lendakari Imanol Pradales fue uno de los representantes que recogió el lekukoa a su llegada a Bilbao. Es legítimo que representantes públicos apoyen la cultura y la lengua. Lo que ya no lo es, y exige respuesta, es la utilización de ese apoyo para avalar espacios donde se glorifica a quienes atentaron contra la convivencia.

La vía judicial se ha activado: Vox presentó una denuncia en la Audiencia Nacional contra AEK por enaltecimiento del terrorismo. Las víctimas y sus colectivos piden que la condena moral se traduzca en consecuencias concretas: retirar financiación y subvenciones públicas a un evento que, según denuncian, dedica kilómetros a ensalzar a miembros de ETA.

No se trata de criminalizar la euskaldunización ni de impedir iniciativas culturales legítimas. Se trata de no sostener con fondos públicos actividades en las que, según los hechos denunciados, se ensalza a quienes causaron dolor a tantas familias. Cuando la línea entre promoción cultural y apología del terrorismo se difumina, corresponde a las instituciones decidir con claridad y coherencia: la condena verbal no basta; las instituciones que compran kilómetros deben evaluar si seguir financiando una carrera que ahora está bajo sospecha.