No más atajos: reformar la norma para impedir excarcelaciones que burlan las penas

El desconcierto y la indignación no son gratuitos cuando la sociedad contempla, con asombro, que quienes fueron responsables de delitos de terrorismo acceden a regímenes de semilibertad por cauces extraordinarios. El Partido Popular ha elevado al Congreso una iniciativa no de ley que persigue lo elemental: que el Reglamento Penitenciario no permita que el artículo 100.2 ni la interpretación flexible del artículo 86 se conviertan en atajos habituales para excarcelaciones.

No se trata de retórica: hablamos de casos concretos. El beneficio concedido a Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, y la salida de prisión de Soledad Iparraguirre, 'Anboto', han encendido las alarmas. En el expediente de Txeroki ha pesado la valoración de la Junta de Tratamiento de la prisión de Martutene, que ha tenido en cuenta su participación en programas de voluntariado y talleres de "justicia restaurativa" del Gobierno vasco y lo ha considerado necesario para su reinserción. La decisión, aunque revocable por el juez de vigilancia penitenciaria, se ajusta a lo previsto en el Reglamento. Es precisamente esa adecuación normativa la que el PP reclama revisar.

La propuesta popular no es meramente simbólica: exige que los condenados por terrorismo con penas acumuladas —como el citado Txeroki— cumplan de forma efectiva un mínimo de, al menos, 30 años antes de poder aspirar al tercer grado y al régimen de semilibertad. Se persigue con ello preservar la letra y el espíritu de las condenas impuestas por los tribunales y evitar que vías extraordinarias diluyan el cumplimiento efectivo.

Además, el PP apunta a la interpretación "más favorable posible" del artículo 86, que regula las salidas de los internos. Ese precepto fija un mínimo de ocho horas diarias de permanencia en prisión y la obligación de pernoctar, aunque admite la sustitución de parte de esa permanencia por pulseras de control telemático. Según informaciones de prensa citadas por los populares, "cerca de 60 etarras ni tan siquiera pasan la noche en prisión y están en sus casas con uno de esos dispositivos". Para el PP, esa práctica sugiere que la regulación puede estar siendo utilizada de modo que, por la vía de la ejecución de la pena, se menoscaba la regla de cumplimiento efectivo para delitos de terrorismo.

No es irrelevante la voz de las víctimas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció la concesión, por parte del Gobierno vasco, de lo que ha calificado como un "tercer grado encubierto" a quien fuera jefe militar de ETA, una decisión sobre la que, según la noticia, las víctimas no tendrían posibilidad de recurrir. Ese reproche, sumado a la percepción pública de excesiva flexibilidad, es el combustible político que ha llevado al PP a plantear la modificación reglamentaria.

La iniciativa del PP busca, en definitiva, cerrar rendijas legales y restituir coherencia entre la gravedad de las condenas por terrorismo y su ejecución práctica. No invoca la supresión de vías de reinserción: plantea reglas más exigentes y límites temporales claros para que los beneficios no se conviertan en norma. Esa es la apuesta: recuperar el equilibrio entre reinserción, seguridad jurídica y respeto a las penas impuestas por los tribunales.