No hay más excusas: la ley de jubilación no puede dejar atrás a quienes nos protegen

Ha llegado la hora de llamar a las cosas por su nombre. Un borrador de real decreto que pretende regular la jubilación anticipada ha encendido la indignación de amplias capas de las fuerzas de seguridad. No por capricho, sino por razón: el texto, según las organizaciones policiales, «deja fuera» a la totalidad de la Guardia Civil y a dos tercios de los agentes de la Policía Nacional —aquellos que cotizan por clases pasivas, ingresados antes de 2011—. Esa exclusión no es una omisión técnica; es una afrenta a la igualdad ante la ley y a la coherencia de una política de Estado que se reclama de apoyo a quien nos protege.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han mantenido su calendario de movilizaciones ante la falta de avances del Ministerio del Interior. Las quejas no brotan en el vacío: provienen de un Consejo de la Policía extraordinario presidido por el director general, Francisco Pardo, y marcado por la ausencia del ministro Fernando Grande‑Marlaska. Esa ausencia pesa como símbolo: cuando las decisiones que afectan a la carrera y la vida de miles de agentes se tratan sin la presencia del máximo responsable político, la ciudadanía asiste a una gestión que se percibe reactiva, improvisada y sin estrategia clara.

SUP, SPP y UFP han expresado con firmeza su rechazo. Han calificado inaceptable que cuestiones de "máxima relevancia" —jubilación anticipada, equiparación salarial y la correcta retribución de pagas extraordinarias— se aborden con meses de retraso y de forma acumulada. Reclaman unidad de acción y remiten a la Plataforma por una Jubilación Digna, que agrupa a una docena de organizaciones tanto de la Policía como de la Guardia Civil. Esa plataforma ya anunció gestos solemnes: los agentes asistirán de uniforme a una misa en la Catedral de la Almudena el 9 de mayo de 2026. No son solo símbolos; son señales de que la paciencia institucional tiene límites.

La tensión interna se ha traducido en gestos drásticos. Jupol abandonó el Pleno extraordinario en protesta por la ausencia del ministro y por "la falta de compromisos sobre jubilación y equiparación". Ese sindicato, junto con Jucil y la plataforma Jusapol, ha convocado una manifestación el 18 de abril en la Puerta del Sol. CEP justificó su ausencia alegando que no iban a "legitimar los desprecios del peor ministro del Interior". Lenguaje duro, sí; pero coherente con la percepción de exclusión que denuncian miles de agentes.

Frente al clamor sindical, el Ministerio del Interior defiende que trabaja junto al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para abordar la jubilación anticipada. Recuerda asimismo que ejecutó el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 con una dotación de más de 800 millones de euros y subidas salariales que cifra en una media del 40%. Son datos que deben ser objeto de contraste y seguimiento, pero no apagan la pregunta esencial: ¿por qué el borrador excluye a amplios sectores de las fuerzas que, por sentencia del Tribunal Supremo, deben ser encuadrados en la Seguridad Social y, por ende, ver reconocidos sus derechos?

La solución no admite trampas ni medias tintas: la equiparación ha de ser efectiva y completa, atendiendo a las resoluciones judiciales y a la equidad entre cuerpos. La política no puede caminar por senda de improvisaciones cuando está en juego la vida laboral y la dignidad de quienes sostienen la seguridad pública. Interior tiene la obligación de sentarse, negociar y corregir un borrador que, hoy por hoy, ahonda la fractura con los agentes. El calendario de movilizaciones es una advertencia: si no hay respuestas claras, la protesta no será simbólica, será masiva y persistente. Y la sociedad, que espera del Estado coherencia y justicia, debe tomar nota.