No fue solo Meirás: la recuperación del patrimonio franquista debe seguir en Galicia

La sentencia que devolvió el Pazo de Meirás al patrimonio público no es un capítulo cerrado aislado: es un precedente, una plantilla judicial que obliga a mirar más allá de sus muros. Si la Justicia ha reconocido que aquella incorporación fue un expolio y que podía corregirse, resulta inevitable preguntarse por las otras piezas que siguen en manos de los herederos del dictador en Galicia.

La Casa de las Conchas, junto a su hórreo anexo en Sada, aparece al alcance de esa mirada. Su vinculación con Meirás quedó reflejada incluso en el procedimiento inicial, aunque luego la demanda se limitó a los bienes dentro del recinto amurallado. No es un detalle menor: los historiadores han documentado el interés de los Franco por esa vivienda desde 1938, la resistencia del propietario que emigró a Estados Unidos, y la solución que terminó imponiéndose décadas después con la intervención de la Casa Civil, la implicación del alcalde de A Coruña y el respaldo del Ejército, que financió con fondos públicos una vivienda alternativa para desbloquear la operación.

No es menor, tampoco, que los gastos públicos continuaran después: la casa fue objeto de una reforma integral sufragada por el Estado y una de sus fachadas se recubrió de vieiras por iniciativa de Carmen Polo, lo que acabó por darle su apelativo popular. Todos estos hechos figuran en los estudios y en la documentación histórica que han venido corroborando lo que, ahora, el fallo sobre Meirás ha puesto negro sobre blanco para aquel pazo.

La Casa Cornide dibuja el otro frente. Un palacete barroco del siglo XVIII, en el casco histórico de A Coruña, cuya adquisición en 1962 aparece ampliamente documentada como una operación dirigida desde instituciones públicas. El inmueble, que había sido patrimonio público —primero del Ministerio de Educación y después del Ayuntamiento—, terminó en manos de Carmen Polo tras una subasta municipal en la que solo concurrió un banquero afín al régimen, quien lo compró por poco más de 300.000 pesetas y lo revendió tres días después por 25.000 a la esposa del dictador.

El informe de 2020 que reconstruye aquella operación incorpora una carta enviada por el secretario personal de Franco explicando el mecanismo para que aquello no pareciera una adjudicación del Estado al propio Caudillo. Son documentos que sitúan la operación en un contexto de administración pública orientada, y que justifican el escrutinio que ha abierto el Ayuntamiento.

No han sido gestos baldíos: hace dos años el Consistorio abrió un expediente para revisar de oficio los acuerdos que permitieron la privatización. Aunque la tramitación superó el plazo previsto y los Franco solicitaron la caducidad, el pleno municipal lo mantuvo vivo por unanimidad al apreciar interés general. Paralelamente, la declaración como Bien de Interés Cultural por la Xunta en noviembre de 2023 ha reforzado la tutela pública del inmueble, sin alterar su propiedad, y ha sido señalada por historiadores como un paso en una senda que recuerda la de Meirás.

Esto, por tanto, no es cuestión de simbología nostálgica ni de revanchismo anacrónico: es la exigencia serena y firme de que los hechos documentados por la historia y reconocidos en procedimientos administrativos y judiciales sean examinados y, si procede, corregidos. El precedente del Supremo demuestra que la vía jurídica puede desembocar en la restitución cuando la documentación y el contexto prueban un expolio.

La agenda es clara y limitada: estudiar caso por caso, contrastar lo documentado y actuar dentro del marco legal. No se trata de proclamas sino de procedimientos. Pero la voluntad política y la constancia histórica deben ir de la mano. La sociedad exige que los bienes que pasaron al patrimonio privado por maniobras concertadas y con apoyo institucional sean sometidos a la luz pública y, en su caso, devueltos al interés general. Galicia, su patrimonio y la memoria colectiva merecen esa diligencia.