No es sólo la lluvia: el clamor contra el maltrato institucional

Este domingo, frente al Palau de la Generalitat en Valencia, volvió a escucharse el mismo grito que irrigó las primeras movilizaciones tras la DANA: no nos vamos a rendir. Las asociaciones de víctimas —familiares de las 230 personas fallecidas el 29 de octubre de 2024— mantuvieron su cita mensual, ahora acompañadas por afectadas por los cribados en Andalucía y por parientes de fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia.

No es voluntad de espectáculo: es constatación compartida de un hecho sencillo y cruel. Los tres grupos han señalado un hilo conductor: lo que llaman "maltrato institucional" y "gestión negligente de los gobernantes". Desde la ausencia de avisos durante la DANA, pasando por la crisis de los cribados andaluces, hasta los denominados “protocolos de la vergüenza” en residencias madrileñas, la acusación es la misma: el Estado y las administraciones han fallado a quienes dependen de su diligencia.

Las consignas en la concentración no se limitaron a la emoción privada. El repertorio de cánticos y pancartas fue explícito: demandas de dimisiones —del Consell y de responsables autonómicos— y el reclamo de que, en el plano institucional, se actúe con responsabilidad. Líderes asociativos como Ángela Claverol y María Jesús Valero proclamaron la infatigable voluntad de las asociaciones para no callar ni resignarse ante lo que consideran un trato degradante por parte de los gobernantes.

Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, volvió a denunciar el "maltrato institucional" y calificó al Consell de "mal gobierno" por intentar, dijo, deshumanizar y deslegitimar a las asociaciones mayoritarias de víctimas. Elizabeth González y Mariló Gradolí hicieron eco de ese hastío y anunciaron iniciativas políticas: mociones en ayuntamientos para pedir que Carlos Mazón deje el acta de diputado y pierda su aforamiento.

Ese aforamiento es, según las víctimas, una barrera procesal que mantiene a Mazón alejado del juzgado de Catarroja, donde la magistrada Nuria Ruiz Tobarra le había citado como testigo y que rechazó su personación en la causa. No obstante, la jueza ha tenido que aceptar la tesis del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que sostiene que Mazón no era responsable de la coordinación de las consejerías ni de impartir instrucciones en la gestión de la emergencia: esa función habría correspondido a los responsables del Plan Especial de Inundaciones.

La protesta de hoy, menos multitudinaria que las primeras, no ha perdido intensidad retórica. "No nos vamos a rendir, no nos vamos a callar", prometieron los portavoces. Es el mismo mandato de las víctimas, que buscan reconocimiento y respuesta frente a lo que denominan abandono institucional. Y es, también, un aviso político: cuando el dolor se organiza en la calle, las instituciones que se sienten aludidas tienen la obligación de escuchar y de dar cuenta de su gestión, o de lo contrario, el clamor seguirá creciendo.