No callar ante las injusticias: Bolaños responde y acelera la tensión sobre la Justicia

En la Cámara baja, donde los gestos pesan tanto como las palabras, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha decidido no silenciarse. Frente a la portavoz del PP, Ester Muñoz, y en ausencia del presidente y del vicepresidente primero, Bolaños hizo patente su convicción: "no callar ante las injusticias". Y lo dijo con la rotundidad de quien cree cumplir una obligación pública, no un capricho partidista.

La controversia pivota sobre el juez Peinado, el magistrado que ha acordado procesar, en tribunal con jurado, a la esposa del presidente del Gobierno. La diputada popular acusó al ministro de intentar lanzar un "mensaje de miedo a los jueces" para amedrentar investigaciones contra el Ejecutivo. Bolaños, lejos de arredrarse, redobló la crítica a la instrucción y aseguró que perseverará en su reclamación. Y añadió algo que resonó en la bancada: que, además de criticar una resolución judicial con argumentos, es legítimo "presentar una denuncia ante el CGPJ por irregularidades de un juez". Esa mención, explícita, no fue acompañada de concreciones, pero sí dejó claro que la respuesta no se circunscribe al debate retórico.

No se puede obviar la escalada retórica: el ministro contrapuso lo que, a su juicio, sí atenta contra la independencia judicial —"jactarse de controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás" o destruir pruebas para ocultar corrupción— con la conducta que atribuye a sus adversarios. Fue una alusión directa a casos como el conocido como Kitchen, sin invocar datos nuevos pero sí marcando el eje de su crítica.

Desde el PP, la réplica fue dura y derechamente política: "Son ustedes unos corruptos y unos incompetentes", espetó Muñoz, incluso evocando comparaciones con líderes europeos autoritarios. Bolaños replicó en la misma clave: acusó al PP de pactar con Vox, al que definió como "el amigo español de Orbán", y exigió cuentas sobre esos acuerdos. Vox, por su parte, denunció el "matonismo" del ministro y lanzó también descalificaciones, a las que Bolaños contestó con ironía sobre la pérdida de aliados o financiadores.

El episodio deja dos certezas fácticas: un ministro que se compromete a continuar sus críticas públicas contra la actuación de un juez; y la evocación expresa de la vía disciplinaria ante el Consejo General del Poder Judicial como opción legítima. No hay anuncio formal de denuncia alguna, ni fecha ni presentación concreta; hay, sí, una voluntad política manifestada en el hemiciclo.

En un clima político enrarecido, las palabras pronunciadas en el Congreso tienen efecto. Cuando un titular de Justicia verbaliza la posibilidad de acudir al órgano de gobierno de los jueces contra la actuación de un magistrado, el debate público y la tensión entre poderes se avivan. Que cada actor —Gobierno, partidos y órganos judiciales— actúe con prudencia y apego estricto a la legalidad es un imperativo que emerge de la propia escena: la política puede denunciar, cuestionar y presionar; la Justicia debe responder con rigor y transparencia. Esa separación de papeles, sometida hoy a tironeos, requiere, sobre todo, hechos y procedimientos claros, no solo proclamas que alimentan la confrontación.