Montero agita el fantasma del copago y convierte la salud en plebiscito

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, abrió este jueves en Madrid un debate cargado de advertencia y de punzante acusación: «le consta» que el PP «quiere incorporar el copago sanitario, es decir, quitar la unidad del sistema». Fue en un encuentro informativo organizado por RTVE y la agencia EFE.

No hay, en la intervención de Montero según la crónica, una hoja de ruta, una referencia documental, ni un dato concreto que sustente esa certeza. No se especificó qué hechos, informes o comunicaciones avalan la afirmación sobre planes del presidente autonómico Juanma Moreno. La afirmación queda, por tanto, en el terreno de la insinuación y la alarma política.

Frente a esa aseveración, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía salió al paso y negó en redondo que exista intención de imponer pagos directos de los ciudadanos por determinados servicios sanitarios. Es decir: afirmación de una parte, desmentido categórico de la otra.

Montero, además, elevó la disputa al plano electoral: avisó de que las próximas elecciones andaluzas serán, dijo, un «referéndum» sobre la sanidad. Con ello transforma una cuestión técnica —la financiación y organización de los servicios— en cláusula de identidad política y arma electoral. Es una jugada deliberada: convertir gestión en plebiscito y propuesta no demostrada en motivo de movilización.

No es menor el contexto: la voz que lanza la acusación es la de la vicepresidenta del Gobierno y líder regional del PSOE; la respuesta la da el Gobierno autonómico del PP. El escenario, además, fue un foro público gestionado por medios de comunicación públicos (RTVE) y EFE, lo que multiplica la exposición y la responsabilidad de las palabras.

Queda, pues, un cruce elemental de hechos constatados y una carga retórica intensa. Hecho 1: Montero afirmó que «le consta» que el PP pretende introducir copago sanitario. Hecho 2: No aportó datos concretos que prueben esa afirmación. Hecho 3: La Consejería andaluza negó taxativamente esa intención. Hecho 4: Montero calificó las elecciones andaluzas como un «referéndum» sobre la sanidad.

La política, cuando se juega con la sanidad pública, exige claridad documental y responsabilidad argumental. Señalar sin pruebas lo que se atribuye al adversario y convertir la acusación en bandera electoral equivale a arrear al ciudadano con dudas donde corresponde dar certezas: servicios, gestión y protección. Si la salud es el tema que debe decidir el voto, la ciudadanía tiene derecho a conocer hechos verificables, no solo proclamas.

En el intercambio quedan dos responsabilidades claras: la de quien acusa, a la que obliga a mostrar pruebas o a matizar; y la de quien niega, a la que obliga a demostrar que no existen planes que alterarían la unidad del sistema. Mientras tanto, el ruido político sube y la ciudadanía, en lugar de recibir explicaciones, recibe consignas y advertencias que pretenden definir el sentido del voto.

Que la sanidad sea objeto de debate público es legítimo; que ese debate se nutra exclusivamente de afirmaciones sin contraste lo es menos. Las urnas pueden servir de juez, como propone Montero, pero antes de convertir la contienda en plebiscito conviene que los contendientes expliquen, con datos y documentos, en qué consiste exactamente lo que se propone o lo que se desmiente. La verdad exige más que la insistencia retórica: exige pruebas.