Moncloa elige contención: deja la Vivienda fuera del paquete por la guerra

La tensión política no es fruto del azar: es consecuencia de una decisión deliberada. Moncloa ha decidido medir y perimetrar la respuesta a la subida de precios provocada por la guerra en Irán. No habrá, al menos en este primer paquete, medidas de calado para la vivienda. Esa es la realidad que indigna a Sumar y a otros socios que creen que la guerra agravará la precariedad habitacional.

El Ejecutivo habla de lecciones aprendidas y de prudencia: un paquete "quirúrgico, proporcionado y flexible" dirigido a los sectores que, según sus ministerios económicos, ya sufren el alza de costes. Transporte, logística, agricultura, pesca e industrias intensivas en energía figuran entre los más señalados. El informe presentado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abordó el encarecimiento del crudo, la electricidad, el gas, los fertilizantes y los carburantes; la vivienda no estuvo entre los ejes señalados.

Desde la órbita socialista se sostiene que el problema de la vivienda es estructural y no una consecuencia directa del estallido bélico. Desde Sumar replican con dureza: "La vivienda es el primer problema social" y la guerra, dicen, va a empobrecer a las familias. Pero la Moncloa calcula también riesgos parlamentarios: medidas sobre alquileres o moratoria de desahucios generan rechazo en formaciones como Junts y el PP, y podrían provocar vetos cruzados que pongan en peligro la convalidación del decreto.

La ecuación política pesa tanto como la técnica. El Gobierno apuesta por un texto que, explican, no ofrezca "excusa" para que el PP lo tumbe y confía en poder convalidarlo la próxima semana. Por eso descarta, por ahora, bajar el IVA de los alimentos o una bonificación general de carburantes como la aplicada en la guerra de Ucrania; las rebajas fiscales se orientarán, afirman, a los sectores "más expuestos".

El paquete que se aprobará el viernes incluirá medidas coyunturales para aliviar el golpe inmediato y también iniciativas estructurales vinculadas a acelerar la transición energética y desplegar renovables. Es la apuesta oficial: combatir el impacto del conflicto sobre la energía mientras se evita abrir frentes legislativos que puedan dinamitar la aprobación en el Congreso.

Queda, sin embargo, una evidente factura política. Las demandas de los socios de gobernabilidad no se apagan con explicaciones técnicas: exigen respuestas palpables en vivienda. Moncloa responde con cautela y cálculo: priorizar apoyos y evitar rupturas. El dilema es nítido y soberano: gobernar midiendo mayorías o arriesgar la unidad del pacto por ceder a las presiones de izquierda en una materia que algunos consideran ya un problema estructural de España.