Miguel Hernández: modernización práctica, decisiones europeas e intereses de seguridad

La terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández ha decidido dar un paso claro hacia la modernidad operativa: ofrecer a sus usuarios una vía rápida de facturación de equipaje, un fast pass que persigue acortar tiempos y facilitar la experiencia de viaje. No es una ocurrencia aislada; es la misma fórmula que ya operan aeródromos como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma y Málaga, y que ahora se replica en la Costa Blanca con carácter comercial.

No debemos romantizar: se trata de un servicio de pago. Aena anuncia una tarifa "asequible" aún por determinar y la posibilidad de precontratarlo con la aerolínea o adquirirlo a la llegada. Esa ecuación —comodidad a cambio de precio— es la que impera en muchos aeropuertos y la que ahora se instala a pocos metros de la línea de mostradores generales del Miguel Hernández, con espacio acotado y señalización prevista para su fácil localización.

El despliegue se programa con pragmatismo estacional: la implantación para la campaña estival, con posibilidad de estar operativo en junio, trabajos de acondicionamiento entre finales de abril y principios de mayo y la campaña que arrancó el último fin de semana de marzo. Son plazos que responden a la lógica del tráfico aéreo: necesidades de capacidad, picos de viajeros y el reloj implacable del verano.

Y si el fast pass responde a expectativas de servicio, la otra pata de esta modernización es obligatoria y comunitaria: la implantación del Entry Exit System (EES). El sistema, que entró en vigor el 12 de octubre de 2025 para dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2017/2226, obliga a registrar electrónicamente datos biométricos y de viaje de nacionales de terceros países. No es un lujo tecnológico; es una norma de la Unión Europea con plazos de aplicación progresiva hasta el 10 de abril (según el calendario legal citado).

El EES vacuna contra la improvisación documental: huellas, rasgos faciales, pasaporte, fechas y lugares de entrada y salida sustituyen al sello manual del pasaporte. El objetivo oficial es aportar datos fiables en tiempo real para identificar amenazas a la seguridad, fraude de identidad y detectar estancias irregulares. En Alicante ese tránsito hacia lo electrónico ha exigido obras, máquinas nuevas y la coordinación entre Aena, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Aquí cabe subrayar responsabilidades y límites: el Ministerio ha asumido una inversión global de 83 millones para el despliegue en la red; Aena ha acondicionado espacios y puesto a disposición el hardware y personal auxiliar, pero la Policía Nacional es la responsable del software y de la gestión de los datos. Aena, explícitamente, no tiene acceso a esos datos. Esa división es relevante: técnica y jurídica a la vez, y garantiza una jerarquía de competencia en materia de seguridad y protección de información.

La prueba de fuego del nuevo procedimiento no fue teórica: la Semana Santa puso a prueba las máquinas y el flujo en días con operaciones superiores a algunas jornadas de junio o julio. Entre los pasajeros, los británicos mantienen su preferencia por la Costa Blanca: su afluencia fue notable y el balance anual de 2025 cerró con un crecimiento del 7,1% que permitió registrar un nuevo récord histórico en tráfico de viajeros.

Conclusión: el Miguel Hernández se equipara a grandes aeropuertos nacionales en dos planos complementarios: el comercial, con servicios que monetizan la comodidad del pasajero, y el reglamentario, con la puesta en marcha de sistemas biométricos exigidos por la UE. No son medidas antagónicas; son señales de adaptación a las demandas del viaje moderno y a las obligaciones europeas. La clave estará en ejecutar con transparencia, proteger datos y mantener el servicio accesible, evitando que la mejora en eficiencia derive en exclusión o en opacidad sobre quién gestiona la información de los viajeros.