Mantener a los señalados: la prueba temblorosa del poder asturiano

La política no admite omisiones ni cobardías. El borrador del dictamen de la comisión de investigación del Parlamento asturiano dibuja con trazos firmes una realidad incómoda: Enrique Fernández y Nieves Roqueá, en su etapa al frente de la consejería que gestionaba el servicio de Minas, figuran como responsables personales de la tragedia de la mina de Cerredo. Junto a ellos, otras cinco personas —entre ex consejeros y funcionarios— aparecen vinculadas por la comisión a fallos que exigían respuestas y ceses.

No es una invectiva gratuita: el texto firmado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, encuentra la causa "inmediata y directa" del siniestro en la realización de labores extractivas clandestinas en condiciones incompatibles con la seguridad minera, sin ventilación reglamentaria ni circuitos de evacuación adecuados. Es decir: hubo una actividad ilegal que acabó en explosión de grisú y muerte, pero también, sostiene la comisión, hubo un contexto de supervisión administrativa defectuoso que facilitó ese riesgo.

La conclusión es doble y demoledora: por un lado, la responsabilidad penal se sigue en sede judicial contra la empresa que realizó la extracción; por otro, la comisión documenta "fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria" que la Administración no corrigió. La distinción jurídica entre lo penal y lo político no exonera a nadie de rendir cuentas políticas cuando su gestión aparece como elemento que favoreció un riesgo no corregido.

Resulta, por tanto, coherente y exigible que quien detenta la responsabilidad política mayor en Asturias asuma la obligación de evaluar y, en su caso, actuar. El Partido Popular, a través de su diputado Rafael Alonso, ha reclamado con claridad que el presidente del Principado reconozca responsabilidades políticas y proceda a las actuaciones necesarias para que quienes figuran como responsables no permanezcan en cargos públicos de responsabilidad. No se trata de una cuestión de interés partidista; es una exigencia institucional frente a hechos que costaron vidas.

El documento no se limita a nombres: individualiza funciones y decisiones. Señala a quienes ocuparon puestos clave —desde la dirección del área de Infraestructuras Industriales del IDEPA hasta jefes de servicio y secretarios técnicos— e incluso identifica la elaboración de un "argumentario jurídico" que contribuyó a configurar figuras administrativas relevantes en el expediente. La comisión concluye que esas personas deben ser cesadas de los puestos que ocupan.

Ante estas conclusiones, la respuesta del Gobierno asturiano no ha sido de aceptación de la hipótesis política: el portavoz Guillermo Peláez rechazó los "señalamientos personales" y afirmó que la responsabilidad directa es de la empresa Blue Solving, que actuó ilegalmente. Esa posición representa la postura oficial del bloque mayoritario del Ejecutivo autonómico, que subraya la distinción entre la acción ilícita privada y las posibles deficiencias administrativas.

La democracia exige, sin embargo, que las distinciones procesales no empañen la obligación política de clarificar, depurar y corregir. No se pide ajusticiar a nadie por anticipado, sino poner en marcha las medidas que eviten la repetición de tragedias: depuraciones administrativas cuando las responsabilidades políticas aparecen acreditadas por una comisión parlamentaria; revisión de procedimientos; y medidas para garantizar que una extracción clandestina no vuelva a desarrollarse en un contexto facilitado por fallos institucionales.

La ciudadanía asturiana merece respuestas claras. Mantener en sus puestos a quienes el propio Parlamento sitúa como responsables personales de una catástrofe es, como decía la vieja adarga moral, sostenerse y no enmendarse. Ese error no solo es político: es una ofensa a las víctimas y a quienes aún reclaman certezas sobre lo ocurrido en Cerredo.

El debate abierto por el dictamen no puede cerrarse en frases de rechazo ni en apelaciones exclusivas a la vía penal. La política tiene su propio ámbito de exigencia: el de la responsabilidad y la ejemplaridad pública. Quien ejerce el mando debe responder cuando la comisión lo señala. Eso es lo que la democracia, la decencia institucional y el dolor de las familias exigen.