Luzón: el fiscal que incomoda a Moncloa por cumplir su deber

Alejandro Luzón no es un improvisado. Hijo y miembro de una estirpe fiscal, con trayectorias que van desde el caso Roldán a Afinsa, ha forjado una conducta profesional que conjuga mesura y contundencia. No sorprende que, sentado ante el Tribunal Supremo, evocase en hechos el legado de rigor que su padre dejó en juicios tan resonantes como el de los Marey y Barrionuevo.

Como fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada —cargo que desempeña desde 2017— Luzón asumió la instrucción y la acusación en el caso que afecta a José Luis Ábalos. Sus conclusiones no fueron tibias: solicitó 24 años para Ábalos, 19,5 para su exasesor Koldo García y siete para el comisionista Víctor de Aldama. Palabras medidas, pero solicitudes duras, medidas de quien entiende la gravedad de la acusación de corrupción política.

Sin embargo, la faceta más incómoda de su actuación para el Ejecutivo no fue la dureza de las peticiones, sino el ejercicio independiente de criterio procesal. El 21 de noviembre de 2024, Anticorrupción apoyó en la Audiencia Nacional la libertad provisional de Aldama tras el inicio de su colaboración con la Justicia. Esa decisión, técnica y procesal, encendió a Moncloa. El presidente Sánchez respondió con incredulidad y descalificó públicamente la colaboración del empresario: "Menuda inventada; la estrategia de defensa de este personaje es la mentira", afirmó, añadiendo que "las declaraciones de un presunto delincuente no merecen crédito ninguno".

El hecho es incontrovertible: la Fiscalía Anticorrupción y el fiscal del caso hidrocarburos entendieron que la colaboración de Aldama podía ser sincera y apoyaron la medida. Horas después, el juez Santiago Pedraz decretó la excarcelación y Aldama salió de Soto del Real. Esa cadena de acontecimientos reveló, con toda claridad, un choque entre criterios jurídicos y la sensibilidad política del Gobierno.

No debemos confundir lealtad institucional con servilismo. Luzón acató la instrucción de la fiscal general Teresa Peramato de no rebajar más la pena al comisionista, aunque discrepara sobre la decisividad de la confesión de Aldama. Lo hizo porque la carrera fiscal es un órgano jerarquizado, y porque, según declaró en sede judicial, la política criminal contemporánea incentiva la colaboración mediante rebajas de pena cuando la confesión es eficaz para descubrir la trama.

Esa independencia, practicada con mesura y conforme a derecho, ha resultado insoportable para quienes conciben la Fiscalía como apéndice del Ejecutivo. La reacción de Moncloa ante la excarcelación puso de manifiesto una percepción patrimonialista: la Fiscalía es vista por algunos como un instrumento al servicio del poder. Frente a ello, Luzón representa otra concepción: la del fiscal que, aunque leal a sus superiores, aplica criterios técnicos que no siempre coinciden con la conveniencia política.

Que la polémica gire en torno a una decisión sobre libertad provisional no borra la sustancia del asunto: se trata de la integridad del proceso penal y de la defensa del interés público frente a intereses partidistas. La fiscalía que actúa bajo criterios jurídicos, aun cuando eso moleste a quien gobierna, cumple una función esencial en un Estado de Derecho.

Moncloa habrá tomado nota. Que lo haga la sociedad también: la defensa de la independencia institucional no es un capricho retórico, sino la garantía de que la ley se aplique sin condicionamientos políticos. Alejandro Luzón ha desempeñado su papel conforme a derecho; la controversia que ha provocado revela más sobre la concepción del poder que sobre la conducta del fiscal.