Los enemigos del Rey: la pinza que busca derribar a la Corona

La presidencia de la Corona ha sido puesta en el disparadero. No por un desliz intelectual aislado, sino por una operación sostenida que une a la coalición gubernamental y a Vox en un propósito coincidente: convertir al Rey en blanco permanente de ruido y controversia.

Que don Felipe pronunciara —en el Museo Arqueológico, ante la exposición sobre la mujer en el México indígena— palabras matizadas sobre la Conquista de América y sus claroscuros morales, no autoriza a nadie a montar un estruendo destinado a derribar la percepción de la monarquía como institución de encuentro. Según la crónica, el Rey reconoció abusos y salvajadas en aquel proceso histórico, situó los hechos en su contexto y destacó las leyes de protección promulgadas por la Corona; además negó la idea de un genocidio y subrayó el papel definitorio de la cultura mestiza. Son matices, no renuncias.

Sin embargo, el relato público se ha truncado: el Gobierno, sus medios afines y la torpe colaboración del responsable de redes de la Casa Real han permitido que una reflexión histórica sea presentada como una petición pública de perdón o como la asunción de la Leyenda Negra. La manipulación no es inocente: alimenta a aquellos que pretenden separar culturalmente a Hispanoamérica de España y deslegitimar la hispanización como fundamento de nuestros lazos.

El cuadro se completa con la animadversión personal que el artículo atribuye a Pedro Sánchez hacia la Corona: un presidente que, según la pieza, actúa como si se viera a sí mismo más como jefe de Estado que como primer ministro. Esa realidad percibida explica por qué la monarquía se encuentra, a ojos del autor, sola y desamparada frente a la pinza ideológica.

El propósito común de extremos enfrentados —la izquierda que promueve tesis poscoloniales y la derecha republicana nostálgica de otras siglas— queda expuesto en esta campaña: hacer del ruido la norma para que la Corona deje de ser un símbolo de consenso. Si una reflexión histórica puede ser convertida en munición política, la democracia misma pierde un punto de referencia estabilizador.

Queda, por tanto, un reproche elemental y certero: que la Casa Real no haya protegido con suficiente empeño la literalidad y la intención del discurso de su titular. Sea por incompetencia, por sumisión política o por desconocimiento, permitir la instrumentalización de las palabras del Rey ha sido un gusto amargo que beneficia precisamente a quienes desean ver a España postconstitucional.

La cuestión no es menor ni meramente retórica. Se trata de quién decide el relato público y con qué fines. Si la institución que simboliza la continuidad y el pacto constitucional es reducida a una pieza de ajedrez en partidas partidistas, el tablero se inclina y la estabilidad se resiente. El debate sobre la historia y sus sombras es legítimo; la estrategia de convertirlo en una campaña de demolición institucional, no lo es.