Los cajeros señalan al hombre que dirigía la cocina: Pino en el epicentro de Kitchen

El tribunal ha escuchado este martes cómo quienes manejaban físicamente los fondos reservados han acabado señalando hacia arriba. No con conjeturas, sino con nombres, fechas y cantidades: 2.000 euros al mes entre julio de 2013 y septiembre de 2015 —54.000 euros en total— destinados al chófer de Luis Bárcenas; la compra de una pistola; recibos firmados; entregas directas a comisarios concretos.

De los Cobos, que ejercía funciones en la Secretaría de Estado de Seguridad con competencia en fondos reservados, se define a sí mismo como un "cajero": recibía la hoja global, por conceptos genéricos, y remitía la partida correspondiente a la Policía Nacional. Admitió, frente al tribunal, que no tenía control efectivo sobre la finalidad de esos gastos y que correspondía a la Dirección Adjunta Operativa acreditar su uso legítimo. Es decir: remitía dinero, no fiscalizaba para qué y cómo se empleaba.

Frente a esa versión administradora y distante, el comisario Felipe Eduardo Lacasa ofreció un retrato más nítido y directo: él fue el "cajero pagador" que entregó dinero tras órdenes del entonces director adjunto operativo. Lacasa contó que Eugenio Pino daba instrucciones de que se entregase dinero "directamente" a tres comisarios implicados en Kitchen —Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo— y que "Pino llevaba algunas operaciones por su cuenta". No son insinuaciones: son declaraciones de un funcionario que describe el mecanismo operativo tal como se desplegó.

La Fiscalía Anticorrupción, que sitúa a Pino en la cúspide de Kitchen y solicita su enjuiciamiento, sostiene que la Dirección Adjunta Operativa acordó vigilancias y pagos al conductor de Bárcenas como contraprestación por información y documentos. El sumario documenta las entregas: pagos mensuales, gastos asumidos por Villarejo y una adquisición de 700 euros por una pistola realizada por García Castaño. Son piezas contables y testimoniales que ensamblan una cadena de mando y pagadores.

Las preguntas que quedan flotando en la sala no son retóricas: ¿quién autorizó con conocimiento la finalidad de esos fondos? ¿hasta qué punto la cadena de reparto delegó responsabilidades y borró trazas de control? El testimonio conjunto de quienes manejaron el dinero y de quienes lo entregaron configura, al menos, un mapa operativo que apunta hacia la Dirección Adjunta Operativa de entonces.

No se trata aquí de resolver culpabilidades definitivas; eso corresponde al fallo judicial. Pero sí de constatar, con el rigor de las declaraciones y los documentos citados, que el uso de fondos reservados para sostener una operación que pagó al entorno de un extesorero del partido en el poder arroja sombras sobre la gestión institucional de aquel tiempo. Es la obligación de un Estado preservar la legalidad en el manejo de recursos que deben proteger el interés público, no servir para maniobras internas.

La patria exige transparencia y responsabilidad en sus instituciones. El juicio lo está documentando con testimonios y números: cobrar y pagar no son actos neutrales cuando los canales y las finalidades quedan opacos. El país merece saber cómo y por quién se administraron esos fondos, y el tribunal está llamado a poner luz sobre lo que las piezas del sumario han empezado a ordenar en la vista pública.