León exige voz y no promesas: el agravio de cuatro décadas que nadie ejecuta

Hay momentos en que la paciencia se transforma en exigencia y la queja en proyecto. Alicia Gallego, portavoz de Unión del Pueblo Leonés, no habla desde la anécdota: interpela a la historia reciente de una comunidad a la que, según su diagnóstico, se la ha dejado morir a goteo. No es un arrebato: es el recuento frío de lo que perciben miles de ciudadanos en León, Zamora y Salamanca.

Denunciar la inacción no es una metáfora, sino una radiografía administrativa. Gallego acusa al Partido Popular de décadas al frente de la Junta sin ejecutar políticas que reviertan el desequilibrio territorial y económico. Lo dice con cifras políticas palpables: UPL entra en campaña con tres procuradores y aspira a un cuarto, a superar al PSOE en su provincia y, sobre todo, a obtener voz propia en las Cortes generales.

El clamor leonesista, explica la candidata, brota del olvido cotidiano: proyectos que llevan años sin arrancar —conservatorio, colegios, carreteras, consultorios—; inversiones «provincializadas» que quedan en papeles; y una gestión que no evitó la sangría de población y empleo tras la desindustrialización. La falta de reinversión de recursos, sostiene Gallego, dejó cuencas vacías, envejecidas y sin alternativas laborales, una realidad que reclama incentivos fiscales y aprovechamiento de energías renovables, formación y turismo.

No hay indulgencia con nadie: la responsabilidad, afirma, es de quien gobierna. Señala al PP por su prolongada gestión y también responsabiliza al PSOE y a Vox en los episodios de gobierno donde se tomaron decisiones que, a su juicio, no frenaron el declive. En su diagnóstico cabe además la crítica medioambiental: recuerda el incendio de la Culebra en 2022 como ejemplo de falta de prevención y de promesas incumplidas por la Junta en materia de medios y medios contra incendios.

Frente a las excusas, Gallego reivindica la constitucionalidad de la demanda leonesista. Cita el reconocimiento del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como marco para seguir la reclamación donde tengan cargos y, sobre todo, en las Cortes. No promete independencia retórica: plantea la autonomía como respuesta institucional al «desequilibrio territorial y económico».

Es un alegato con dos frentes: por un lado, la urgencia material de ejecutar proyectos paralizados; por otro, la demanda política de representación y de capacidad normativa. La UPL se presenta como alternativa próxima al ciudadano, con resultados municipales y en Diputación, y ahora persigue transformar ese respaldo local en representación autonómica más sólida.

Que nadie espere soluciones etéreas: la propuesta, según Gallego, combina demandas de gestión —ejecución de obras, proyectos y prevención— con medidas económicas para asentar empresas. Es la fórmula que, en su opinión, puede frenar la emigración y devolver futuro a una región que, insiste, tiene talento y recursos, pero está lastrada por «condiciones precarias y temporales».

El debate, por tanto, no es sólo administrativo: es de soberanía política. Si el leonesismo ha dejado de ser un susurro para instalarse en la calle y en las mociones, como apunta la candidata, la pregunta es simple y contundente: ¿seguirá el aparato autonómico negando ejecución e inversión, o reconocerá por fin la urgencia de devolver prestaciones y oportunidades a la Región de León?