Las vergüenzas de la era Sánchez llegan al Supremo: responsabilidad y sobres en la plaza pública

Cuando la esfera pública se confunde con los intereses privados, la confianza ciudadana se resquebraja y la política pierde su razón de ser. Eso es, en palabras de los hechos que se vieron en el Tribunal Supremo, lo que aflora en la primera sesión del juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama: un paisaje de favores, sobres y enchufes que no puede leerse como mera anécdota.

La comparecencia más esperada fue la de Jésica Rodríguez. Su testimonio no admite adornos: admitió haber cobrado sin trabajar en las dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec— donde fue colocada mientras mantenía una relación sentimental con el ex dirigente socialista. Reconoció haber percibido 43.978 euros entre 2019 y 2021 y haber disfrutado de un piso gratuito en la céntrica Plaza de España de Madrid, cuyo pago, dijo, siempre sufragó Ábalos.

Que un cargo público interceda para incorporar a personal al servicio de entidades dependientes de su ministerio ya es grave; que esas incorporaciones no impliquen desempeño efectivo del trabajo y conlleven retribuciones públicas es intolerable. Las responsables de selección de Ineco y la técnico de Tragsatec ratificaron el trato diferencial: los nombres llegaron acompañados del rótulo de parentesco —"sobrina del asesor", luego «sobrina del ministro"— y ese añadido fue el que despertó la inquietud. «Ahí empiezo a preocuparme», dijo una testigo. Palabras que pesan como una sentencia moral antes de la sentencia judicial.

El relato del juicio no se queda en plazas y sueldos: traza conexiones con el empresario V. de Aldama y viajes a República Dominicana, de los que habló el hermano de Koldo, Joseba García, quien admitió haber viajado en dos ocasiones y relató cómo le pidieron recoger documentos y entregar sobres. También compareció Víctor Ábalos, hijo del exministro, interrogado por un piso en Paseo de la Castellana 164 que, según la investigación, Aldama puso a disposición de Ábalos como contraprestación por adjudicaciones. El hijo negó que fuera así y afirmó que su padre le dijo que se trató de una estafa.

En una sala donde los rostros fueron en algunos casos preservados, se escucharon confesiones y negativas; se escucharon nombres y direcciones; se oyó el ruido seco del efectivo que, según testigos, Ábalos entregaba a Jésica. Ella negó haber reclamado los pagos y aclaró, con firmeza, que es dentista colegiada frente a insinuaciones sobre su actividad.

No se trata ya sólo de reproche privado: son hechos que señalan fallos en los mecanismos de control de lo público. Cuando cargos de máxima responsabilidad utilizan su influencia para insertar personas en empresas dependientes de su propio ministerio, cuando esos puestos se cobran sin trabajar y cuando aparecen pisos sufragados y entregas de sobres, la democracia exige respuestas y rendición de cuentas.

Es la Corte la que debe juzgar conforme a la ley; la opinión pública, en tanto, no puede desentenderse. Que la justicia actúe con rigor y que las instituciones adopten medidas para evitar que la letra de lo público vuelva a escribirse con tinta privada: ésa es la demanda que surge, limpia y rotunda, de la vista inaugural en el Supremo.