La vieja costumbre de intervenir: Estados Unidos vuelve a la cuenta de los desastres

Estados Unidos ha vuelto a la guerra en Medio Oriente. El ataque del 28 de febrero contra Irán, que según la información causó la muerte del líder supremo Alí Jamenei, se suma a una larga serie de intervenciones norteamericanas en Medio Oriente y el norte de África cuyo balance, en la mayoría de los casos, no cumplió las promesas de estabilidad y democracia.

No es una novedad personal de la administración actual. Ya antes, gobiernos de Washington actuaron con decisión militar en la región: desde las campañas contra Sadam Hussein en Irak —con la Guerra del Golfo de 1990 y la invasión de 2003— hasta la participación en la caída de Muamar el Gadafi en Libia. En todos esos episodios se dieron objetivos declarados que, al menos según las sucesivas crónicas, no se tradujeron en sociedades más libres ni en gobiernos estables.

La invasión de 2003 a Irak, presentada con el argumento de armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, llevó a la detención y ejecución de Sadam Hussein. Pero también abrió una espiral de violencia sectaria, insurgencia y el surgimiento de grupos extremistas: entre 2014 y 2015 el autodenominado Estado Islámico llegó a controlar amplios territorios en Irak y Siria. Los errores en la gestión del después —como la falta de un plan sólido para la posguerra y el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad— son parte de las explicaciones que ofrece la propia crónica de aquellos años.

El coste humano resulta evidente en cifras conservadoras: el proyecto Iraq Body Count registró al menos 300.000 muertos como consecuencia directa de la violencia desde 2003. Cifras que muchas organizaciones sitúan incluso por encima, y que evidencian un precio altísimo en vidas y tejido social.

En Libia, la caída de Gadafi no desembocó en la llegada de la democracia prometida sino en un prolongado periodo de guerra civil e inestabilidad. En Siria, la intervención estadounidense contribuyó a derrotar al Estado Islámico, pero la salida de Al Asad en 2024 precedió, según reportes, a la toma del poder por otros grupos islamistas. En Afganistán, tras casi dos décadas de intervención, el régimen talibán regresó al poder en 2021.

Estas experiencias llevan a una conclusión que expertos han repetido con dureza: la inestabilidad regional tiene una parte importante de responsabilidad externa. Como resumía el diplomático Philip Gordon en 2015, los distintos modos de intervención —desde ocupar hasta no ocupar— dieron, en los ejemplos de Irak, Libia y Siria, resultados que él calificó como «desastres muy costosos». El diagnóstico político y académico coincide en señalar que muchos de los problemas de gobernanza que padecían esas naciones no se resolvieron por la vía militar.

Hoy, con la administración de Donald Trump declarando objetivos explícitos —acabar con el programa nuclear iraní y provocar un cambio de régimen en la República Islámica— y con un ataque que ha tenido consecuencias directas sobre la cúpula iraní, la historia reciente debería pesar. No es una invocación nostálgica al inmovilismo, sino el recuerdo de que las intervenciones militares, aun cuando logran objetivos tácticos, con frecuencia producen efectos estratégicos inversos: caos, vacíos de poder, retorno de fuerzas autoritarias o nuevas formas de extremismo.

Ante esa trayectoria, la pregunta que queda en el aire —y que los responsables políticos deberían responder con datos y planes claros— es si se han aprendido las lecciones del pasado. Porque la región no necesita más experimentos improvisados ni respuestas que deleguen el futuro de pueblos enteros a la improvisación de un tablero estratégico. Si la historia reciente enseña algo, es que las intervenciones sin planificación del "día después" se cobran un precio que pagan los civiles y que deforman la estabilidad regional durante décadas.