La vía andaluza que abrió camino a Abascal

El relato oficial repite palabras como “serenidad” y “moderación”. Juan Manuel Moreno se presenta como el barón que protege una “vía andaluza” frente al “lío” que traería depender de Vox. Pero los hechos cuentan otra historia: fue en Andalucía donde se practicaron las cesiones políticas que convirtieron demandas de la ultraderecha en materia de debate público y en medidas concretas.

En diciembre de 2018 Moreno obtuvo 26 escaños y, apoyado por Ciudadanos y Vox, allanó su camino a la presidencia. Ante la imposibilidad de una coalición a tres bandas, el PP firmó en enero de 2019 un pacto específico con Vox —con Javier Ortega Smith y el juez Francisco Serrano como firmantes— con la inmigración como eje central. Las competencias de la Junta limitaban la aplicación práctica, pero el acuerdo abrió “debates prohibidos”: llevó la terminología antiinmigración de Vox a los titulares y amplió lo que era concebible debatir.

El pacto exigió al PP compromisos concretos: combatir el “efecto llamada”, “combatir a las mafias” y garantizar una inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental”, formulación que introdujo un criterio de preferencia por orígenes y una distinción por factores culturales o religiosos. Además, el acuerdo recogía apoyar “documentalmente” a la Policía Nacional para una inmigración “ordenada”, cláusula que Vox instrumentalizó como arma de campaña a favor de usar archivos sanitarios para identificar y denunciar a migrantes en situación irregular.

Los tres acuerdos siguientes —firmados en junio y octubre de 2019 y en noviembre de 2020, ya con los logos de PP, Ciudadanos y Vox— mantuvieron la misma inclinación. Aceptaron premisas antiinmigración de Vox y tradujeron cesiones retóricas en compromisos económicos y administrativos. Dos de esos pactos reservaron recursos para la “seguridad” de los centros denominados MENAS, incorporando la terminología peyorativa de Vox y legitimando la vinculación pública entre inmigración y delincuencia que la formación de Abascal explotó en sus campañas.

Otro punto concreto: el acuerdo de octubre de 2019 se comprometía a poner a disposición de Interior la información de los “archivos” de la Junta, posibilitando el uso institucional de datos sociales para actuaciones policiales. También en materia presupuestaria Vox se anotó que el PP y Ciudadanos aceptaran detraer 600.000 euros de la promoción e inserción de inmigrantes, y, en 2020, pactaron restar tres millones de cooperación internacional para destinarlos al Banco de Alimentos. El tuit de Vox celebrando “Primero, lo nuestro” enlaza con la actual retórica de “prioridad nacional”.

Las cesiones no se limitaron a inmigración. El primer pacto presupuestario sujetó a sospecha a las asociaciones de memoria histórica al fijar que nunca más del 20% de sus subvenciones podría ir a gastos estructurales, dándoles así crédito a las denuncias de Vox sobre esos colectivos. El mismo acuerdo eliminó de la documentación presupuestaria el término “transversalidad de género”, acogiendo una exigencia de Vox contra cierta terminología feminista.

Que Moreno lograra después una mayoría absoluta en 2022 y se presente hoy como referente centrista del partido no borra que en su tierra se abrió el camino que otros dirigentes del PP recorrerían. Los cuatro pactos andaluces constituyen, en suma, un mapa preciso de concesiones: de la ficción de la moderación a la normalización de demandas de la ultraderecha, sin que falten firmas ni cláusulas que lo acrediten.