La verdad no espera: Mazón, los mensajes y la obligación de aclarar la DANA

La Justicia reclama lo elemental: documentos y comunicaciones del día en que la tragedia se consumó. La jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha reiterado a Carlos Mazón que aporte voluntariamente los whatsapps, mensajes, facturas y listados de llamadas del 29 de octubre de 2024, la jornada de la DANA que costó la vida a 230 personas en Valencia. No es una petición retórica: es la búsqueda de la verdad en plena instrucción.

La comparecencia de Mazón, aún sin fecha, se condiciona a la resolución de un recurso pendiente ante la Audiencia Provincial de Valencia. La magistrada ha definido la declaración testifical del expresidente como «incuestionable» y recuerda que, al declarar, deberá decir la verdad bajo apercibimiento de incurrir en falso testimonio. También ha subrayado una regla procesal básica: el testigo no puede acudir al juzgado con abogado, salvo que la declaración tenga efectos incriminatorios.

La instrucción no parte del vacío. Ruiz Tobarra apunta a hechos concretos: la periodista Maribel Vilaplana permaneció más de cuatro horas aquel día junto al entonces president en el restaurante El Ventorro y escuchó llamadas con la responsable de la emergencia y con la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, hoy principal investigada. Esos testimonios y comunicaciones son piezas que la investigación reclama para recomponer la cadena de decisiones y hechos de una jornada de catástrofe.

No es menor que la Audiencia de Valencia haya rechazado la queja de un letrado contra la instrucción. El tribunal comparte la tesis de la Fiscalía y considera que la decisión de la instructora no es arbitraria. La claridad procesal y la continuidad del procedimiento son señal de que la investigación sigue su cauce pese a la presión y a intentos de apartar a la jueza.

Entre tanto, el expresidente ha mantenido versiones contradictorias sobre su actuación el día de la DANA: aseguró haber seguido la reunión del Cecopi desde su despacho oficial, dato que la instrucción contradice por los testimonios que sitúan su presencia prolongada en el restaurante y luego en un aparcamiento céntrico. Esos contrastes no son una anécdota: son núcleos de la investigación que solo se clarifican con documentos y comunicaciones que ahora se reclaman formalmente.

La petición de la jueza no es un gesto inquisitorial; es una respuesta procesal y necesaria a una catástrofe que dejó hundidos a centenares de familias. Pedir whatsapps, facturas y listados de llamadas del 29 de octubre es pedir luz sobre las decisiones que se tomaron —o no— en horas críticas. La sociedad merece esa transparencia. La Justicia, con pasos medidos y con la prudencia del procedimiento, avanza hacia respuestas que no pueden demorarse por artimañas procesales ni por versiones cambiantes.