La verdad incómoda: la Generalitat sí advirtió antes de la Dana

La contabilidad de los hechos no perdona. Según el informe del departamento de Emergencias de la Generalitat al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ejecutivo valenciano difundió en redes sociales, el 24 de octubre de 2024, un aviso claro: informarse del nivel de riesgo y retirar los objetos que pudieran ser arrastrados por el agua en las zonas inundables.

No es una suposición: son mensajes oficiales publicados por la cuenta del 112 Comunidad Valenciana. Cuatro días antes del desastre se reiteró el riesgo de fuertes tormentas; dos días antes se habló ya de una dana con previsiones que podían superar en algunos puntos los 150 mm en 24 horas. La propia cuenta autonómica retuiteó los avisos de la Aemet alertando de chubascos “muy fuertes o incluso torrenciales”.

Esas advertencias, difundidas con antelación, contradicen la llamada teoría del “apagón informativo” que durante año y medio justificó, en boca del Gobierno valenciano y de los investigados —la exconsejera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso—, la supuesta falta de datos por no haber sido avisados a tiempo por organismos estatales.

El relato de los hechos es tozudo: el 29 de octubre de 2024, el 112 informaba sobre cortes de carreteras y rescates; las primeras alertas matinales y la retención de mensajes de Aemet se sucedieron antes y durante la tragedia que acabaría con 230 muertos, más de la mitad fallecidos en plantas bajas y garajes. Y sin embargo, aquel mismo día, el presidente autonómico mantuvo su agenda oficial y participó en un almuerzo prolongado en un restaurante de Valencia.

No se exaltan herejías ni se pronuncian juicios gratuitos; sólo se observan los hechos consignados en el informe y en la investigación judicial. Cuando la documentación pública demuestra avisos y recomendaciones previas —retirar vehículos de zonas inundables, alejarse de riberas, localizar puntos altos—, la versión que pretende eximir responsabilidades públicas por supuestos fallos de transmisión de información pierde sustento.

Exigir claridad y responsabilidad es un acto de justicia para las víctimas y sus familias. La evidencia obliga a que las explicaciones públicas se ajusten a lo ocurrido y que la investigación continúe hasta arrojar luz sobre todo aquello que permitió que unas advertencias oficiales no bastaran para evitar la catástrofe.