La verdad a medias y la hoguera pública: Elisa Mouliaá y el precio de denunciar

El relato público de Elisa Mouliaá ha transitado, en poco tiempo, por todos los escenarios posibles: la denuncia, la sobreexposición, la retirada temporal del proceso y el regreso público. Esa sucesión de actos no es un mero culebrón; es la cartografía de cómo la vida privada y la justicia se convierten en espectáculo.

Mouliaá interpuso una denuncia por una presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón. El juez la llegó a procesar en esa causa y, según relata ella misma, la Fiscalía no terminó imputando al acusado. Tras esa primera fase, la autora cuenta que se retiró del proceso, pero volvió a la carga cuando hubo indicios de que no iba a prosperar la acusación. Ella declara, y hay constancia periodística de ello, que seguirá "hasta el final".

En medio de ese proceso hubo una segunda denuncia relacionada con Errejón que fue archivada porque la mujer que la presentó no acudió a ratificarla. El abogado que la registró —el mismo que representa a Mouliaá— lo hizo sin desvelar la identidad de la denunciante y solicitó la condición de testigo protegido. Son hechos que muestran una instrucción marcada por cautelas y silencios, no por certezas públicas.

La exposición mediática ha sido un hilo conductor. Mouliaá reconoce que respondió constantemente a los medios y que percibió ingresos por sus entrevistas: 54.000 euros, cantidad que afirma fue donada el 8-M ante notario a una ONG vinculada a Safe Home (tal como ella declara). Ella denuncia que los medios han lucrado con su dolor, pero también acepta que cobró por su testimonio y justifica esa compensación en el tiempo y el coste que suponen los procesos judiciales.

Las contradicciones personales forman parte del relato. Mouliaá admite haberse mostrado torpe en ocasiones y lamenta expresiones que luego consideró desmesuradas, como el comentario sobre el "karma" tras el fallecimiento de la hija de unos amigos que habían organizado la fiesta donde se habría producido la presunta agresión. Esos interlocutores, según consta en la instrucción, declararon como testigos que no recordaban "nada raro" de aquel día. Ella mismo reconoce que el dolor puede llevar a cruzar límites verbales que no habría cruzado en calma.

La actriz denuncia, además, que su caso ha servido como herramienta para amedrentar a otras mujeres, pero también atribuye a su visibilidad el hecho de que otra mujer acabara por denunciar de forma anónima. En su autodefensa, Mouliaá articula una distinción tajante: puede haber sido imperfecta, incluso torpe, pero insiste en que no ha mentido.

El episodio plantea preguntas que no deben perderse en la vorágine: cómo equilibrar la protección de las víctimas con el rigor probatorio; hasta qué punto la atención mediática influye en la percepción pública de un proceso judicial; y cómo afrontar las inevitables contradicciones humanas sin convertir a nadie, víctima o acusado, en mártir o verdugo público. Los hechos documentados —la denuncia, el procesamiento judicial, el archivo de la segunda denuncia por falta de ratificación, las declaraciones mediáticas y la donación acreditada según la propia Mouliaá— exigen respuesta en sede judicial y reflexión social, no linchamiento mediático.

Que la justicia siga su cauce con transparencia y que la sociedad reflexione sobre la cultura de la denuncia y la exposición: ambos caminos son necesarios si no queremos que las víctimas callen por miedo y que la verdad se pierda en el ruido.