La ventana abierta: cuando lo inaceptable se normaliza

La política tiene siempre una geografía moral y conceptual: unas líneas rojas que distinguen lo admisible de lo intolerable. Hoy, esas líneas se difuminan. Se suceden acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón cimentados en marcos conceptuales que la ultraderecha ya exhibe sin tapujos y que la derecha institucional asume como propios.

Lo que antes despertaba bochorno se pronuncia ahora con naturalidad. La propia presidenta Guardiola habla de “naturalidad”; el presidente Azcón habla de avanzar “en la dirección correcta”. Palabras menores, quizás, si no fuera porque encubren un giro esencial: la normalización de categorías políticas heredadas de la extrema derecha, traducidas con eufemismos que amortiguan su crudeza.

Entre esos eufemismos destaca la expresión “prioridad nacional”, acuñada por Jean‑Marie Le Pen en los años ochenta y que retorna entre nosotros como versión local de un pensamiento que prioriza a unos sobre otros. Dos palabras en positivo para nombrar sin nombrar la desigualdad, el racismo y la xenofobia. Si algo así entra en la conversación pública como admisible, la ventana de Overton —esa metáfora del espectro de lo tolerable— se ha abierto de par en par.

No es, además, un fenómeno aislado. Junto a la “prioridad nacional” se incorporan a la agenda postulados sobre lo ambiental, la fiscalidad o la regulación que proceden del acervo ultra: desprecio por medidas ambientales bajo la excusa de proteger agricultores; cuestionamiento de la fiscalidad; llamado a desregulación y reducción de lo público presentados como remedios de sentido común.

El PP, en su afán por tranquilizar, se apresura a afirmar que no violará la ley. Pero que un partido que ha gobernado España y que aspira a volver a La Moncloa sienta la necesidad de aclararlo debería preocupar. Esa necesidad sugiere dos cosas: que sus socios podrían arrastrarles hacia prácticas límite, y que un cumplimiento estricto de lo pactado podría chocar con preceptos legales, incluso constitucionales o europeos.

Queda, sin embargo, una pregunta central: ¿importa que muchas de estas medidas no puedan materialmente aplicarse si son declaradas inconstitucionales o contrarias al derecho europeo? La respuesta es clara en la teoría de Overton: importa muchísimo. La política no solo se mide por leyes aprobadas; se mide por lo que se convierte en parte del lenguaje público, por lo que pasa a ser considerado “aceptable”. Una idea que gana espacio en la conversación pública —aunque no llegue a materializarse— ya ha cambiado el marco del debate y prepara el terreno para futuros avances.

Lo vivido en Aragón y Extremadura no es un episodio menor ni un mero trámite de gobernabilidad: es la constatación de que la derecha institucional ha permitido el ingreso de postulados ultras en la conversación pública. La responsabilidad no es únicamente jurídica: es cultural y política. La ventana se abre y la sociedad —los ciudadanos y las ciudadanas— es quien, en última instancia, decide qué asume y qué rechaza.

Si algo debe hacerse ahora, lo será en la arena pública y cívica: explicar, señalar y debatir las consecuencias de normalizar marcos que durante décadas se consideraron intolerables. Porque la historia enseña que lo que empieza por entrar en la conversación puede acabar legislado. Y entonces, como siempre, ya será demasiado tarde.