La Vega Baja se planta: docentes exigen respeto a la educación pública

La comunidad educativa de la Vega Baja ha vuelto a la calle. Lo ha hecho con la firmeza de quien no admite paños calientes: el profesorado, concentrado a las puertas de los centros de toda la comarca, reclama mejoras urgentes para la educación pública que, día tras día, sigue arrastrando carencias básicas.

No son protestas aisladas ni efímeras ocurrencias: las movilizaciones se vienen repitiendo en las últimas semanas y reflejan un malestar creciente. Las reivindicaciones, claramente expuestas por la Asamblea de Docentes de la Vega Baja, apuntan a tres nudos gordianos: la reducción de ratios, la mejora de las condiciones laborales y la dotación suficiente de recursos para atender al alumnado con la dignidad que merece.

Sobre ese telón de fondo llega la polémica que enciende aún más la protesta: los servicios mínimos impuestos por la Conselleria de Educación para la huelga indefinida anunciada a partir del próximo lunes. La Asamblea los califica de abusivos y desproporcionados y sostiene que limitan de forma significativa el derecho fundamental a la huelga del profesorado.

Es un reproche directo: la imposición de esos servicios mínimos, según el colectivo, desvirtúa el impacto de la convocatoria y dificulta la visibilización de las demandas. Frente a esa constricción, la Asamblea exige a la administración que rectifique y abra un proceso de diálogo real, no gestualidades ni respuestas formales que no cambien la realidad de las aulas.

Los docentes, por su parte, reiteran su compromiso con una educación pública de calidad y anuncian que mantendrán las movilizaciones previstas en los próximos días. Si no se producen avances significativos en las negociaciones, insisten, comenzarán la huelga indefinida el lunes dispuesto en la convocatoria.

Este pulso plantea una pregunta elemental: en qué medida se respeta el derecho a la protesta cuando la regulación de servicios mínimos reduce la capacidad de hacer oír las demandas. La Vega Baja ha dejado clara su voluntad de no ceder en lo esencial: la educación pública reclama recursos, ratios humanas y condiciones laborales dignas. El reloj está en marcha y la próxima semana será decisiva.