Petrer exige respuestas: tres balsas antincendio pendientes que no pueden esperar

Petrer lleva años reclamando lo elemental: infraestructuras de seguridad que reduzcan la exposición de su territorio al fuego. No es una queja retórica; es una petición documentada, con terrenos ofrecidos y datos técnicos facilitados por el propio Ayuntamiento para que las administraciones competentes cumplan con lo prometido.

La exigencia se concentra en tres balsas de agua —Caprala, Collao Llaurí y Catxuli— concebidas tras un estudio técnico que las consideró estratégicas por accesibilidad, disponibilidad de agua y proximidad a zonas forestales sensibles. Más del 70% del término municipal está protegido: no hablamos de decorado, sino de espacios naturales y poblaciones dispersas que necesitan medios reales de prevención y abastecimiento rápido para autobombas y helicópteros.

La competencia administrativa está clara en el expediente: Caprala y Collao Llaurí dependen de la Generalitat Valenciana; Catxuli, de la Diputación de Alicante. El Ayuntamiento asegura haber cumplido su parte —poner los terrenos y tramitar el suministro de agua— y sin embargo «un verano más» las balsas no estarán disponibles, denuncia la concejala de Medio Ambiente.

Hay una noticia parcial que no puede pasar por alto: la actuación de Catxuli, atribuida a la Diputación, figura como adjudicada, aunque sin fechas para el inicio de obras. De las otras dos, el Consistorio sigue a la espera de una confirmación oficial sobre su situación administrativa. Esa espera, en plena época de mayor riesgo de incendios, no es una simple demora burocrática; puede convertirse en deficiencia operativa a la hora de proteger vidas, bienes y espacios protegidos.

Exigir precauciones a la ciudadanía es imprescindible —y la edil lo ha hecho—, pero las advertencias no sustituyen a las infraestructuras. La prevención incluye responsabilidad individual y respuesta pública eficaz: balsas de carga de agua que permitan abastecer a los medios terrestres y aéreos forman parte de esa respuesta. El estudio técnico que definió las ubicaciones ya lo dejó meridianamente claro.

Petrer ha puesto todo lo que le corresponde sobre la mesa. Ahora corresponde a la Generalitat y a la Diputación trasladar compromisos en hechos: adjudicar, calendarizar y ejecutar. La protección del monte y de la población requiere menos promesas y más fechas concretas. El tiempo de la espera debe acabar antes de que llegue la urgencia.