La 'unidad étnica' de Pekín: modernización o asimilación forzosa

El Congreso Nacional del Pueblo aprobó una ley para "promover la unidad étnica" que el Gobierno chino presenta como motor de modernización y progreso. Sobre el papel, la norma impulsa la enseñanza del mandarín, la integración residencial y medidas educativas que, según Pekín, favorecerán la cohesión nacional.

Mas cuando el Estado declara que la unidad será garantizada por ley, conviene preguntar: ¿unidad o uniformidad? La norma exige enseñanza en mandarín desde edades tempranas hasta la secundaria, incentiva matrimonios entre minorías y la mayoría Han, y obliga a los padres a educar a sus hijos en el "amor al Partido Comunista". Todo ello bajo la cláusula que prohíbe actos que las autoridades consideren contrarios a la "unidad étnica".

No es un gesto aislado: expertos y organizaciones recuerdan un patrón persistente. Desde la llamada "sinización" de la religión a políticas que, según denuncias, han limitado derechos en Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior, la iniciativa se inscribe en un viraje hacia una homogeneización intensificada bajo el liderazgo de Xi Jinping.

Los defensores del nuevo marco legal arguyen un beneficio práctico: dominar el mandarín abriría puertas laborales a las nuevas generaciones. Pero los críticos advierten un coste irreversible: la erosión de lenguas y culturas, el desplazamiento de comunidades y la posibilidad de procesar a tutores por inculcar visiones que las autoridades tilden de "perjudiciales" para la armonía étnica.

Resulta significante que la ley aparezca al cierre de una sesión parlamentaria donde, como siempre, el Congreso raramente rechaza lo que el Partido propone. Cuando el aparato legal y la maquinaria política marchan a la par, la disidencia local tiene menos espacio; y allí donde la política estatal impulsó incentivos para la migración Han, las capitales regionales ya muestran los efectos demográficos.

Así, lo que se presenta como modernización porta consigo la amenaza de convertir la pluralidad en una mera nota al pie del relato nacional. No se trata de negar la necesidad de cohesión, sino de preguntar con franqueza si cohesión equivale a borrado: ¿progreso con diversidad preservada, o progreso que devora las raíces culturales de millones?

La ley de unidad étnica de Pekín no es una remota curiosidad jurídica: es un instrumento político con consecuencias humanas. Y cuando el poder define legalmente los límites de lo aceptable en la vida cultural de las minorías, la comunidad internacional y las propias sociedades afectadas deben atender el mensaje y sus efectos concretos, sin confundir la retórica de la integración con la realidad de la asimilación.