La última baza de Koldo García y la urgencia de garantías en la justicia

Koldo García, ex hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo en lo que su defensa califica como el último intento por evitar el juicio que el Tribunal Supremo tiene previsto para el 7 de abril por la presunta trama de cobro de sobornos en contratos de compra de mascarillas.

La maniobra procesal no es un arrebato: reproduce, ante la Corte Constitucional, las diez cuestiones de nulidad ya planteadas ante el Supremo y rechazadas por éste. La defensa, dirigida por Leticia de la Hoz, solicita la suspensión del auto del 3 de marzo por el que el alto tribunal acordó avanzar a juicio. De facto, pide congelar la vista oral mientras el Constitucional decide.

Entre las cuestiones que presenta la defensa destaca la de la competencia: García sostiene que el juicio debería celebrarse en la Audiencia Nacional, donde comenzaron y continúan las pesquisas, porque el Supremo perdió su competencia cuando Ábalos renunció al escaño. Ese argumento, planteado en la audiencia preliminar del 12 de febrero, no convenció al Supremo. El alto tribunal apeló a un acuerdo de 2014 de su Sala de lo Penal que deja anclada la competencia en el tribunal que la tuviera al dictarse el auto de apertura de juicio oral —en este caso, el instructor abrió juicio el 11 de diciembre, antes de que Ábalos dejara el acta el 28 de enero—, y por ello entiende que debe ser él quien conozca del caso.

La defensa no renuncia a otra vía: reclamó incluso que los siete magistrados que enjuiciarán consultaran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la competencia, petición que, de haberse admitido, habría supuesto paralizar indefinidamente la causa hasta la decisión de la corte comunitaria. Fue una demanda que el Supremo no aceptó.

García denuncia asimismo que el Supremo priorizó “el rigorismo de los plazos y la comodidad judicial” por encima de derechos fundamentales como el juez ordinario predeterminado por la ley y la doble instancia. Plantea que un “acuerdo interno” del tribunal no puede prevalecer sobre la salvaguarda de derechos humanos internacionales, y reprocha lo que califica de “formalismo extremo” que, a su juicio, llevó al alto tribunal a rechazar —por extemporáneas— las recusaciones contra los magistrados que ahora integran el tribunal: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres, más Julián Sánchez Melgar, por su pasado como fiscal general del Estado.

Otra de las piezas centrales del recurso es la queja por la falta de acceso al material original incautado en los registros: grabaciones y conversaciones de WhatsApp alojadas en dispositivos electrónicos. La defensa afirma que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho una interpretación “sesgada y descontextualizada” y que la imposibilidad de acceder a las fuentes originales ha forzado a ejercer “una defensa a ciegas”. Señala que sin los originales los peritos de la defensa no pueden construir una línea temporal verificable, analizar metadatos ni revisar la coherencia cronológica para contradecir las hipótesis policiales.

Ese hilo argumental lleva a dos denuncias conexas: la de una supuesta “investigación clandestina” porque, según la defensa, la actividad de pesquisa comenzó antes de que el Congreso autorizara al Supremo, y la de la posible manipulación de conversaciones y mensajes. Además, la defensa repite su tesis de que el Supremo habría desbordado el permiso parlamentario para investigar, ampliando la causa más allá de los contratos de material sanitario hacia hechos que sitúa como “absolutamente nuevos y desconectados” —rescate de Air Europa, licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, aplazamientos tributarios a Aldama y contrataciones en empresas públicas—, lo que, a su juicio, vulneraría la inmunidad parlamentaria.

Finalmente, la defensa insiste en la posible vulneración del principio non bis in idem: señala que algunos hechos que el Supremo pretende juzgar se investigan asimismo en la Audiencia Nacional y advierte del riesgo de que el alto tribunal fije una “verdad judicial” sobre material objeto de procedimientos paralelos. Con estos argumentos el recurso busca que el Constitucional examine no sólo la forma sino la consistencia de la instrucción y la garantía del derecho a la defensa.

No es una cuestión menor. Cuando están en juego la competencia de los tribunales, el acceso pleno a las pruebas y las garantías procesales, la discusión trascenderá lo individual y afectará a la percepción pública sobre la integridad del proceso. El Constitucional ya tiene en sus manos una petición destinada a paralizar una vista en la que, según acordó el Supremo, han de sentarse en el banquillo el exministro Ábalos, García y Víctor de Aldama. La decisión de la Corte Constitucional determinará si se mantienen las fechas previstas o si se abre un nuevo capítulo en la pugna sobre competencia, pruebas y tutela judicial efectiva.