La UCO sitúa a Ábalos en el centro de una presunta organización criminal

La comparecencia en el Tribunal Supremo del teniente coronel Antonio Balas y del comandante Jesús Montes ha proyectado con crudeza la imagen de una trama que, según la UCO, operó con actores bien diferenciados y un reparto de responsabilidades nítido. No son elucubraciones: son las palabras de los instructores de los informes que sustentan el macrosumario.

Balas no se detuvo en eufemismos. Señaló a Víctor de Aldama como “el que paga”, a Koldo García como el “alter ego” del ministro y, de forma categórica, definió a José Luis Ábalos como “un miembro cualificado de la organización”. Ábalos, dijo, “es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad que Aldama y sus socios no tienen”. Palabras que, pronunciadas ante el Supremo, pesan como hechos procesales.

El teniente coronel subraya asimismo que la presunta organización no actuó en la penumbra: “tenían un acceso muy importante en todos los niveles”. El ejemplo no es trivial: los investigadores aluden a episodios concretos —el rescate de Air Europa, gestiones en el ámbito de los hidrocarburos, la visita de la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez— para ilustrar cómo esa influencia se proyectó en ámbitos sensibles de la Administración.

También se describe, con precisión cronológica aportada por la UCO, la coagulación del triángulo Aldama–Koldo–Ábalos en agosto de 2018, apenas dos meses después del nombramiento de Ábalos como ministro de Fomento. El comandante Montes recuerda un mensaje de Aldama en el que alardeaba de una “relación especial” con el titular de Fomento, una referencia que los investigadores consideran reveladora del vínculo.

La sesión dedicó, además, un espacio escrupuloso a la cadena de custodia: los agentes que intervinieron en la incautación de dispositivos electrónicos detallaron el protocolo, el uso de bolsas Faraday y el precintado, para disipar dudas sobre la integridad del material. “¿Ha habido alguna manipulación?” fue la pregunta; la respuesta fue rotunda: “De ninguna manera. Es imposible”. Son garantías técnicas que buscan sostener la pieza clave de la acusación de la Fiscalía.

Ante el tribunal, la versión de la UCO dibuja una organización en la que mandan quien paga y quien tiene el poder instrumental. Aldama, afirma Balas, “manda” en cuanto financia; pero hay “miembros con mayor peso”, entre los que coloca al exministro. No son adjetivos banales: en el lenguaje de la investigación, designan roles y responsabilidades que ahora deben ser valorados por el proceso.

Los hechos relatados en la sala del Supremo no son metáforas retóricas: son declaraciones de los máximos responsables de la investigación. Corresponde a la Justicia contrastarlas, ponderarlas y, si procede, tomar decisiones. Hasta entonces, lo que hoy se ha escuchado es una pieza más del rompecabezas que dibuja una trama con ramificaciones en ámbitos muy altos de la Administración y con protagonistas a los que la UCO sitúa en lugares centrales del entramado.