La trama que señalaba alfombra: Ábalos, instrumental; Aldama, el que paga y exige

La décima sesión del juicio celebrado en el Tribunal Supremo ha desgranado ante la sala lo que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) describen como una organización criminal con dos ejes: uno operativo, el que paga y manda; otro instrumental, el que abre puertas y penetra en el núcleo de poder.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de delitos económicos de la UCO, ha expuesto con nitidez la tesis que sostiene la Fiscalía Anticorrupción: José Luis Ábalos fue “miembro cualificado de la organización” cuya función principal fue la de facilitar accesos y aperturas de negocios dentro de la Administración. “Es el que abre negocios, el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden”, afirmó Balas al declarar ante el Supremo.

Frente a esa capacidad de influencia, la UCO apunta a Víctor de Aldama como la pieza que financia y exige. Balas lo ha distinguido como “el real, el que paga” y ha subrayado que, aunque en ocasiones algunos socios se refieran a Ábalos como “el jefe”, la estructura jerárquica investigada muestra a Aldama como el que “tiene a sueldo” a Ábalos y a Koldo García. “Creo que el que paga, manda, y ese es Aldama”, dijo el mando de la UCO.

Los agentes han detallado cómo la investigación arrancó de la compra de mascarillas por parte de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al grupo Cueto y asociada a Aldama para suministrar al Ministerio de Transportes en los primeros días de la pandemia. A partir de ahí, la UCO fue atando indicios: comunicaciones, anotaciones informáticas y conversaciones privadas que, según los investigadores, trazan el rastro de entregas en efectivo y de la dinámica organizativa.

Precisamente sobre los cobros en efectivo —y en concreto sobre la hipótesis de entregas de 10.000 euros mensuales entre noviembre de 2019 y septiembre de 2022— Balas ha señalado una nota hallada en el ordenador de Aldama, fechada el 18 de octubre de 2019, que refleja un desglose de gastos en el que aparece la anotación “grandu, 11.500”, y que los investigadores interpretan en el marco de sus pesquisas. También han citado conversaciones en las que la expresión “20 chistorras” habría sido empleada como eufemismo por billetes de 500 euros, un término que la UCO relaciona con entregas de efectivo.

El relato de la UCO incluye episodios concretos: la exigencia de salvoconductos para socios venezolanos, la presión para impulsar comunicados oficiales sobre el rescate de Air Europa y reuniones que coinciden con modificaciones en las anotaciones de gastos que los agentes atribuyen a nuevas entregas de efectivo. En todos esos pasajes, Balas ha insistido en el papel ineludible de Ábalos para que la trama alcanzara la penetración en la Administración que concluyeron los investigadores.

Las defensas, en contraste, sostienen que no existe evidencia concluyente de las entregas periódicas más allá de episodios puntuales; la UCO responde mostrando el conjunto de indicios que, a su juicio, configuran un patrón coherente. El juicio continúa su curso y en la sala se miden hoy, con la precisión del sumario y la contundencia de las diligencias, dos figuras: la del que facilita puertas en la Administración y la del que, desde fuera, financia y manda. La respuesta del tribunal será la que, en su día, determine si esos indicios alcanzan la categoría de prueba.